La ejecución de la obra del túnel en la Quebrada de Zonda que fue licitada durante el primer trimestre del año no salió indemne a los cimbronazos económicos del país, y un trámite nacional clave para que el BID libere los fondos necesarios para su ejecución ya sufre una demora inesperada de dos meses, lo que ha comenzado a suscitar interrogantes sobre las fechas de la obra.

La licitación del túnel de 1070 metros sobre la sierra de Marquesado, y su respectivo camino que vinculará los departamentos de Rivadavia y Zonda; quedó en manos de la empresa brasileña Queiroz Galvao Construction luego que la gestión uñaquista aprobó la única oferta que se presentó, por 8.470 millones de pesos. Pese a que esa cifra fue un 69% más alta que el presupuesto oficial, el Ministerio de Obras decidió finalmente aprobar la oferta económica y solicitó el 12 de junio pasado una ampliación del crédito al Banco Interamericano de Desarrollo que financiará la obra.

Pero al ser un banco internacional, se requiere como paso previo que el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), del Ministerio del Interior de la Nación, firme la 'no objeción' de ese desembolso que debe llegar a sus arcas y desde allí recién se debe girar a la provincia. El problema es que la crisis económica que produjo la salida de Guzmán del Ministerio de Economía, y la posterior designación de Silvina Batakis que hasta entonces se desempeñaba como presidenta del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario, causó la remoción completa del gabinete del organismo nacional. La consecuencia directa para San Juan es que la 'no objeción' para liberar los fondos que desembolsará el BID para el túnel de Zonda se esperaba a más tardar para fines de junio pasado, pero aun sigue a las vueltas.

Las nuevas autoridades designadas al frente del mismo deben empaparse de toda la documentación, y fuentes consultadas indicaron que se pasan los días pidiendo informes del proyecto a cuentagotas, y no hay certezas sobre la fecha en que podría llegar a firmarse el contrato definitivo con la constructora.

Si bien en el Ministerio de Obras Públicas son optimistas en que el proyecto está en su tramo final, como el tiempo pasa se han tenido que activar precauciones para evitar que la licitación se caiga. Por eso se ha tenido que pedir a la empresa brasileña una prórroga en la garantía de la oferta, de 60 días, que vencerá a fines de septiembre. Esta prórroga era vital porque las ofertas económicas en las licitaciones tienen un plazo de vigencia, tras el cual, de no haberse firmado el contrato, tienen el derecho a retirar la oferta. El grupo inversor interesado aceptó extender la garantía y si FFFIR se sigue demorando, la provincia puede llegar a pedir otra prórroga, pero siempre está el riesgo de que el inversor se niegue. Por eso las autoridades locales están rogando que la Nación se apure a emitir el certificado de no objeción necesario para abrochar la licitación antes que las condiciones macroeconómicas adversas jueguen en contra.