"No podemos pagar más". Con esas palabras el ministro de Economía Martín Guzmán blindó la primera propuesta de reestructuración de la deuda que presentó ante los acreedores y aseguraba, a principios de mayo, que no había margen para ofrecer más dólares. La dinámica típica de una negociación llevó al Gobierno y a los bonistas a ceder para poder acercar posiciones. Así, en los últimos dos meses el Estado puso sobre la mesa U$S11.000 millones extra aunque todavía no logra cerrar el canje.

El ida y vuelta entre los funcionarios del Palacio de Hacienda con los comités que nuclean a los principales fondos de inversión lleva casi tres meses. La semana pasada el Gobierno interrumpió las conversaciones reservadas con los acreedores y decidió hacer pública su última propuesta y las que acercaron los propios bonistas.

La distancia entre lo que la Casa Rosada está dispuesta a pagar y lo que los tenedores de la deuda están dispuestos a cobrar se achicó sensiblemente desde abril -U$S20.000 millones-, pero el diablo está en los detalles: aún se discuten unos U$S3000 millones de brecha a pagar en los próximos 3 años y la negociación pasó a la letra chica, como que cláusulas de protección a inversores tendrá la oferta y cómo serían los nuevos bonos atados a las exportaciones.

En lugar de las extensiones semanales que venía llevando adelante, el viernes Martín Guzmán estiró hasta el 24 de julio la fecha de aceptación o rechazo de la reestructuración de la deuda. Más allá de eso, aún no hay fecha definida para que el Gobierno y los bonistas vuelvan a sentarse a negociar.

Cuánto cedió cada parte, en millones de dólares

La primera carta que mostró Guzmán incluía una propuesta de canje con quitas altas -62% de intereses- y tres años de plazo de gracia sin desembolsar ni un solo dólar. En números: buscaba pagar hasta 2046 U$S82.945 millones, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Los principales fondos de inversión, agremiados en comités para negociar colectivamente, no tardaron en rechazar la oferta y plantear su propio escenario. A mediados de mayo, el grupo más duro, llamado Ad Hoc (que incluye al fondo Blackrock, uno de los más grandes del mundo), presentó una contraoferta que implicaba que la Argentina termine pagando U$S111.400 millones.

La diferencia entre las dos puntas era, en este momento de la negociación, de U$S28.500 millones. El acuerdo, con distancias tan relevantes, volvió a naufragar y los tiempos volvieron a estirarse. A todo esto, el país entró en default de su deuda bajo ley extranjera el 22 de mayo, al no pagar los U$S500 millones de bonos Globales vencidos un día antes.

Pero como el diálogo siguió abierto, el Gobierno prefirió hablar de un default "suave", que no representaría por el momento un riesgo de tener que afrontar juicios de tenedores de deuda en los tribunales extranjeros.

Cuatro día después, llegó la segunda oferta del Palacio de Hacienda. Guzmán cambió la oferta original con un menor plazo de gracia y cupones de intereses más altos. En definitiva, U$S4800 millones más a cobrar por los bonistas.

La respuesta de Blackrock y el resto de los fondos que componen Ad Hoc volvió a ser negativa. Su segunda contrapropuesta ahora requería que el país pague U$S4200 millones menos que en su plan original. A esta altura, el ministro de Economía hablaba de "acercamiento" pero con distancias considerables todavía por arrimar.

La semana pasada, por último, tras cortar el diálogo cuando las partes parecían acercarse definitivamente, el Gobierno publicó su tercera oferta de canje. En total, propuso pagarles a los acreedores U$S93.790 millones. Así, en comparación con su primera postura en abril, Hacienda puso sobre la mesa U$S10.845 millones más, sin contar lo que podría pagar por el bono atado a exportaciones.

La tercera contraoferta de Blackrock, en tanto, representó pagos por parte del Estado por un total de U$S102.777 millones. De esa manera, en dos meses ese fondo inversor dejó U$S8600 millones en el camino para buscar acercarse al Gobierno.

Lo que viene y lo que falta

Una vez puesto en perspectiva cuánto cedió cada parte en lo que va de la negociación, se puede ver de otra forma cuánto falta para que el Gobierno termine de cerrar la brecha con los acreedores y concrete la reestructuración de la deuda.

Para Lucía Pezzarini, economista de la consultora Ecolatina, tras la última oferta oficial y la contraoferta del grupo Ad Hoc, la diferencia entre las dos puntas "es de aproximadamente U$S4500 millones de pagos hasta 2028", afirmó.

"El grupo Ad Hoc (Blackrock) tiene una postura más rígida y exige además el pago en cash y este año de unos U$S1000 millones por intereses corridos que vienen acumulando todos los bonos", explicó Pezzarini.

La distancia con Bondholders Group, el comité más amigable con el Gobierno -integrado entre otros por Fintech y Gramercy- es incluso menor. De acuerdo a Pezzarini, la diferencia en el flujo de pagos de acá a 2028 entre lo que pretende el Gobierno y este grupo de bonistas es de apenas U$S720 millones.

Por su parte, para Santiago Bulat, economista de Invecq, otro aspecto que traba el acuerdo es lo que llama la "inconsistencia intertemporal" de la propuesta argentina. "Entre los dos lados hay una diferencia de U$S3000 millones para los primeros 3 años. La diferencia total no es muy grande, pero sí en los primeros años porque el Gobierno no quiere pagar casi nada durante este mandato", comentó.

"Los acreedores lo que dicen es que si no querés pagar nada en estos años significa que no te vas a comprometer a tener metas macroeconómicas, como por ejemplo fiscales, que puedan ser creíbles. Sin esas exigencias, cómo sé qué terreno le deja el Gobierno al próximo mandato. Esa es la lógica de lo que está fallando en la negociación", completó.

A pesar de que no hay una cantidad tan importante de dinero de distancia entre el Gobierno y los acreedores, la discusión pasó a incluir otros aspectos que impiden el avance. Principalmente, en términos legales.

De acuerdo a un informe de la consultora 1816, los acreedores reclaman que los contratos de los nuevos títulos que emita el Gobierno en el canje sean iguales a los que tienen los bonos de la reestructuración de 2005.

Esto implicaría que la deuda contendría cláusulas más favorables a los acreedores. Esto es así, según 1816, para evitar que Hacienda pueda realizar canjes parciales de la deuda a través de un instrumento nuevo llamado "redesignación".

Pero además hay otras discusiones de letra chica. Las contrapropuestas de los comités exigen, entre otras cosas, que si el país no cumple con la revisión anual del FMI se declare automáticamente el default y más facilidades para embargar activos argentinos en el mundo en caso de juicios en tribunales extranjeros.

(Fuente: TN)