Los diputados opositores que integraron la comisión auditora de la obra pública giojista llegaron a una conclusión: existieron irregularidades en la ejecución del dique Los Caracoles, tanto en la contratación de las empresas que tuvieron a cargo los trabajos, como en la realización de la obra. Por eso, en el dictamen que emitieron el lunes, plasmaron que es necesaria la intervención de la Justicia local para que analice el caso, ya que ellos "no cuentan con los elementos suficientes para encarar una investigación más profunda", indicaron. Incluso no descartaron hacer una presentación judicial en el futuro por lo detectado. Además, fueron más allá al manifestar que en 2004 hubo un perjuicio fiscal para la provincia por unos 44 millones de dólares, por el pago de avances de obra no se habían ejecutado. Según los legisladores, ese año el Tribunal de Cuentas recomendó al Ejecutivo no firmar una nueva acta con las empresas Techint y Panedile, ya que la diferencia detectada no estaba justificada. El acuerdo se firmó, por lo que los opositores entienden que hubo responsabilidad de las autoridades locales por no haber tenido en cuenta al Tribunal.

La postura opositora difiere mucho de la del oficialismo que firmó un dictamen mayoritario sosteniendo que no encontraron fallas en los documentos analizados, ya sea del dique o en el resto de las obras auditadas, como la Ruta 150, el Teatro del Bicentenario y el Centro Cívico.

Las cuatro megaobras estuvieron en la mira durante por poco más de un año, ya que la comisión de Seguimiento de la Obra Pública se creó en noviembre de 2017 a iniciativas de la oposición y a la que el oficialismo accedió. La misma surgió luego de que el exministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, hiciera pública una carta dirigida a al exgobernador Gioja. En esa misiva el exfuncionario, detenido por presunta malversación de fondos, administración fraudulenta y sobreprecios, puso en duda las tareas ejecutadas en la provincia con fondos nacionales.

Los Caracoles es una de las principales obras locales y su finalización no fue tarea fácil. Los trabajos se licitaron en 1996, bajo la gestión de Jorge Escobar, con un proyecto concebía la construcción del embalse más Punta Negra. Quien ganó la compulsa fue la firma la norteamericana AES junto a la mexicana ICA y las obras de desvío del río comenzaron dos años más tarde, en 1998. En la gestión de la Alianza, que lideró Alfredo Avelín hubo una reconducción de las tareas y se modificó el contrato inicial con las empresas. Al comienzo, eso llevó a un largo litigo y luego de varios años de incertidumbre, en 2004 Gioja acordó con todas las partes no ir a juicio por los cambios y adjudicar los trabajos de manera directa a la UTE Techint- Panedile, ambas subcontratistas de AES. Según explicó Laciar y el diputado de Dignidad Ciudadana Fernando Moya, secretario de la comisión, al momento de firmar el nuevo acuerdo, las tareas de desvío del río tenían un avance correspondiente a 74 millones de dólares, pero la provincia había destinado 118 millones. Incluso sostienen que "el ingreso de Techint fue irregular".

Para el resto de las obras auditadas, la diputada de la oposición indicó hay una incertidumbre ya que "desde Infraestructura no se remitieron todos los certificados de pagos de redeterminación, por lo que no sabemos cuánto es lo que terminamos pagando. Esa falta es una irregularidad administrativa y lo hemos hecho saber en el dictamen".
 

Expedientes

• 35  En miles, son las fojas que los legisladores han tenido a disposición para analizar por las cuatro megaobras.

Documento público

El dictamen final de la comisión ingresará hoy a primera hora a la Cámara de Diputados. Cumplido ese paso, cualquier ciudadano tendrá acceso a él ya que se trata de un documento público.