Entre las modificaciones que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación realizó al presupuesto 2019 se incluye una corrección que impedirá que este año las empresas puedan ajustar sus balances impositivos de acuerdo a la inflación, para que el Estado no se pierda de recaudar unos 100 mil millones de pesos del impuesto a las Ganancias al aplicar la norma que está vigente. Eso ha generado un fuerte malestar en el empresariado local, incluso desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) no descartan que pueda disparar reclamos judiciales. Cuando hay inflación alta, las normas contables prevén que todos los balances deben ser ajustados por el índice de precios, pero desde hace 14 años eso está suspendido en el país. El 30 de septiembre pasado la Federación Argentina de Consejos aprobó en San Juan el ajuste por inflación en los balances contables y las empresas empezarán ahora a realizarlos con ese cambio. Pero para el balance impositivo, por el cual la AFIP deduce el pago del impuesto a las Ganancias; se había determinado en el pacto fiscal con los gobernadores que este año si la inflación superaba el 30% se iba a permitir a las empresas aplicar el ajuste por inflación. Sin embargo, ante la actual recesión y las necesidades de recaudar que tiene el Estado eso no será así: la modificación introducida por los legisladores eleva al 55% el parámetro que debe subir la inflación en el 2018 para permitir ajustar los balances impositivos. Y según el INDEC se espera que el costo de vida rondará entre el 40 al 50%, lo que impide a las firmas ajustarse a la realidad, eso causará muchos daños, porque hay empresas que en sus balances contables (que si se ajustan por inflación) tendrán por ejemplo pérdidas por 1 millón de pesos, mientras que en sus balances impositivos reflejarán ganancias infladas irreales y se pagarán más impuestos, incluso a costa de su patrimonio.

"Las empresas del país y por supuesto de San Juan también son las que tendrán que pagar esos 100 mil millones de pesos", explicó Osvaldo Rebollo, presidente del CPCE. El profesional agregó que la consecuencia de esto será que se multiplicarán las empresas que verán resultados objetivos con ganancias menores en sus balances contables respecto a los balances impositivos sobre los cuales tiene que calcular el impuesto; y muchas optarán por ir a la Justicia . ""Esto puede disparar reclamos judiciales. Las empresas le dirán al juez que no pueden pagar un impuesto a la inflación, y la Justicia ya tiene un dictamen de la Corte Suprema que lo ha aceptado", afirmó Rebollo. Hugo Goransky, titular de la Unión Industrial, opinó que si una empresa no ha obtenido ganancias e igual tiene que pagar, lo lógico es que haga una queja administrativa o judicial. ""Estamos teniendo dificultades de competitividad y con esto se distorsiona una situación que debería ser clara que es la inflación. No es justo que el Gobierno siga generando escollos a los que producimos", dijo el industrial. Domingo Alós, desde la Cámara de Comercio Exterior, dijo que si las empresas siguen pagando por utilidades ficticias se producirá un daño patrimonial. ""Si como empresarios pago por una utilidad ficticia, debo hacerlo con capital de la propia empresa, no con ganancias, con lo cual llega un momento en que debe desprenderse de sus bienes para poder pagar", añadió. El exportador sostuvo que los reclamos judiciales deberían realizarse en forma individual.

Por su parte, Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica, criticó que se siga "ajustando al sector privado que produce", y consideró que esto llevará a las empresas a descapitalizarse "porque genera un pago de impuestos de algo que no ha ocurrido". El empresario no quiso arriesgar si las empresas harán reclamos judiciales, pero vaticinó que de seguir "este sistema impositivo agobiante llevará a una rebelión fiscal".

En la Justicia
 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en 96 causas a favor de contribuyentes respecto a la confiscatoriedad que genera la imposibilidad de ajustar las ganancias por inflación. Señala que tributar por ganancias ficticias distorsionan la manifestación de capacidad contributiva.