Un nuevo giro se sumó esta semana a la denuncia a cuatro mosteras sanjuaninas por abuso de posición dominante en el mercado, que interpuso la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan el mes pasado. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no rechazó el pedido, convocó al denunciante a ratificar la denuncia el jueves pasado y la novedad es que en esta nueva instancia se sumaron otras tres entidades al pedido: la Sociedad de Chacareros, la Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola de San Juan (CPEC) y el Centro de Viñateros y Productores de Angaco. Los gobiernos de San Juan y de Mendoza, que quedaron en analizar la posibilidad de sumarse a la denuncia, aún no lo han decidido, por lo que Eduardo Garcés, titular de la Federación de Viñateros, dijo que enviará sendas cartas a los gobernadores solicitándoles que fijen su posición.

Otra denuncia interpuesta ante la Subsecretaría de Comercio de Interior de la Nación tampoco ha tenido respuesta hasta ahora, dijo ayer Garcés.

Las 4 mosteras procesan 280 millones de kilos de uva, de un total de 300 millones.

La intervención solicitada por los viñateros a los organismos nacionales son para que se analice el posible delito de "abuso de posición dominante" a las industrias elaboradoras de mosto Enav, del grupo Vicentin; Fecovita, Mosto Mat y JBA (Jugos y Vinos Andinos). Los productores aducen que usan su posición dominante para pagar bajos precios por la compra de uvas a pesar de la fuerte devaluación de la moneda. Garcés explicó que en la audiencia convocada por María Laura Quaglia, de la Secretaría de Defensa de la Competencia, presentó facturas de viñateros que en el año 2018 les pagaron la uva a $4,20 el kilo y este año ese precio se fijó en $3,50 el kilo, y en cuotas de julio a enero y hasta febrero del 2020.

En la presentación los productores aducen que los insumos del viñatero son en dólares y el mismo aumentó, producto de una pérdida del valor del peso argentino, un 133% de septiembre de 2017 a la misma fecha del año pasado y en el último año un 45,2%. Además, los costos laborales, en los últimos 24 meses, han crecido un 65,7% y no sucedió lo mismo con los precios que fijan las mosteras al comprar la uva, lo que, por el contrario, bajaron de un año a otro. ""En un año el dólar ha subido tres veces, estaba a 20 pesos el año pasado y ahora esta a 60 pesos", se quejó Garcés. Añadió que la producción nacional de mosto se exporta en un 90%, quedando una mínima porción para su uso en el mercado interno, y por lo tanto, las mosteras reciben divisas por el negocio. Añadió que según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, del valor FOB promedio de la tonelada exportada de mosto fue de 1.383 dólares y que de acuerdo a las ultimas estadísticas del organismo del vino entre enero y abril de 2019 aumentó un 26,4% el volumen de las exportaciones y un 11,2% en valores FOB, respecto a igual lapso del año pasado.

Si Defensa de la Competencia establece la existencia de esta irregularidad, tiene facultades para intervenir en el mercado del mosto y obligar a las mosteras a que mejoren los precios y las condiciones de comercialización.

Si los empresarios se resistieran, las actuaciones pueden pasar a la justicia ordinaria, que puede disponer de multas de hasta 5 millones de dólares, según la gravedad de la infracción, o la clausura de los establecimientos elaboradores hasta por 30 días. ""No nos interesa esa penalidad, sino que los intimen a que por lo menos este año reconozcan algún ajuste a los precios y que el año próximo no sigan con la misma actitud", explicó Garcés.

- Aceptación

Tras la presentación de los viñateros, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debía evaluar si había razones suficientes para aceptarla o rechazarla. No la rechazó y llamó a la Federación de Viñateros a una audiencia para completar datos. Allí se sumaron denunciantes.

- En investigación

Actualmente Defensa de la Competencia comenzó investigaciones para determinar las condiciones de competencia en 11 mercados de alta concentración que impactan en el consumo y la producción, entre ellos aluminio, acero, petroquímica, comunicaciones móviles, tarjetas y carnes.

- Qué puede pasar

Las investigaciones pueden derivar en la propuesta de modificaciones normativas para mejorar las condiciones específicas de un mercado, o bien en la apertura de sumarios destinados a comprobar la posible existencia de faltas a la ley como abuso de posición dominante o cartelización.