El Instituto Provincial de la Vivienda oficializó dos anuncios que son clave para la gente que tiene un terreno y necesita financiación para construir: por un lado puso en vigencia el aumento del 25% del monto a otorgar en los créditos de construcción, y por otro, dio luz verde a la financiación extra que acompañe al crédito en el caso de que sea necesario demoler inmuebles de adobe.

Esta última operatoria es un novedad que irrumpe en el 2017 y consiste en otorgar junto al crédito una suma extra para tumbar aquellas construcciones precarias que no son sismorresistentes en el lote donde se levantara la nueva vivienda (ver aparte).

Ambas modificaciones fueron realizadas en la normativa de la denominada ‘Operatoria de Asistencia Financiera Parcial Individual’, la cual contempla no solo la posibilidad de acceder a fondos para la ejecución de viviendas nuevas en un terreno propio, sino también la posibilidad de otorgar préstamos para terminación de obras ya iniciada, o de aquellas que no sean habitables.

‘Ya están disponibles para quienes cumplan los requisitos de poder abonar la cuota y acceder así a construir su casa propia. Los costos se calcularon en base a la inflación y su impacto en el sector de la construcción‘, dijo el titular del IPV, Martín Juncosa.

Hasta ahora, el monto máximo de los préstamos para la construcción que otorgaba el IPV era de $600 mil, cifra que se actualizó en febrero del año pasado y quedó chica frente a los aumentos de los insumos de la construcción en los últimos 12 meses.

Ahora con el incremento del 25% se puede acceder a préstamos de entre $530 mil a $750 mil, que se pueden devolver a 20 o 30 años, con tasas de interés anual de entre el 5,5 y 6,5 por ciento de acuerdo a los montos (ver infografía), las más bajas del mercado.

El monto a prestar está atado al salario: se requiere un ingreso mínimo de $15.047 para acceder a un crédito de $530 mil a 30 años, que alcanza para una vivienda de 1 dormitorio; y que tendrá una cuota mensual de $3.010. Para una casa de tres dormitorios el ingreso inicial es de $18.453, en cuyo caso la cuota rondará los $3.670 (ver tabla).

El requisito principal para acceder a esta línea de financiación es poseer un lote que esté escriturado a nombre del beneficiario del préstamo.

El lote debe estar dotado de todos los servicios básicos de red; y la operatoria contempla la posibilidad de la construcción de una vivienda completa de 1, 2 o 3 dormitorios, como también la de terminar una obra que tenga un avance del 40% o más. 
El IPV va realizando los desembolsos del préstamos en cuatro tandas, a medida que se van cumpliendo determinados porcentajes de obra. 

Un dato importante para los propietarios es que hay posibilidad de dar soluciones particulares: los interesados pueden presentar una propuesta de financiamiento de obra que no se ajuste estrictamente a lo contemplado por la normativa vigente, la cual será analizada y quizá hasta aceptada por el IPV.
 

Fondos para tirar casas de adobe
 

Una de las principales novedades para el 2017 de los préstamos de la operatoria individual del Instituto es que ahora se incluye la posibilidad de financiamiento para demolición de construcciones existentes en el terreno que no sean sismorresistentes. La normativa indica que se considerará un monto por metro cuadrado, equivalente al 10% del valor del metro cuadrado de construcción, o del monto que se le otorgue.

‘’Por ejemplo, en el caso de que se le otorgue un préstamo de 750.000 pesos, se le dará además 75.000 pesos para afrontar los gastos de demolición. Ese monto se le entregará en dos veces, una de anticipo y el resto cuando termine de derribar todo’’, explicó Juncosa, el titular del IPV.

Se podrán demoler todas las construcciones preexistentes que no estén aprobadas por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, en cuyos trabajos se tomaran todo tipo de precauciones.

El monto que se presta para esta tarea incluye los retiros de escombros y materiales, y las autoridades controlarán que los camiones que los retiren los depositen en los lugares autorizados por los organismos provinciales competentes.