La interna del sindicalismo volvió a quedar expuesta a partir del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Sin el aval de la CGT, el titular de la UOM, Abel Furlán, convocó a distintos sindicatos para definir un paro con movilización, pero la iniciativa no contará con el respaldo de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que rechazó el planteo por considerarlo “inorgánico”.
Si bien la CATT forma parte del denominado ala dura del sindicalismo, sus principales dirigentes resolvieron alinearse con la estrategia de la CGT, aunque dejaron abierta la posibilidad de medidas de fuerza propias si no se modifica uno de los puntos más sensibles del proyecto: la reglamentación del derecho de huelga, con impacto directo en el sector del transporte.
La confederación, liderada por Juan Carlos Schmid, acordó reunirse a comienzos de febrero para analizar el escenario político y sindical. El objetivo es acompañar las negociaciones de la CGT con el Gobierno, aunque advirtieron que, de no lograrse cambios en el articulado que se debate en el Senado, podrían avanzar con acciones por fuera de la central obrera.
Además de las reuniones internas, la CATT prevé encuentros con gobernadores y legisladores nacionales, en línea con la estrategia de la CGT, para fijar una postura común frente a la reforma laboral. El foco está puesto en el artículo que establece servicios mínimos obligatorios durante las huelgas, al que los gremios consideran un retroceso en materia de derechos laborales.
“Actuaremos dentro de la CGT porque hoy tenemos que estar todos juntos contra la reforma laboral”, señalaron desde la conducción de la CATT, aunque remarcaron que la defensa del derecho de huelga es innegociable. En ese sentido, los gremios del transporte aguardarán el resultado de las conversaciones entre la central obrera y el Ejecutivo antes de definir los próximos pasos.
Sin embargo, dentro de la propia confederación existen posiciones divergentes. Mientras Schmid cuenta con el respaldo de dirigentes como Omar Pérez (Camioneros) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), otros referentes evalúan acompañar la postura de Furlán y avanzar con un paro general cuando el Senado trate la reforma, entre ellos Pablo Biró, Edgardo Llano, Paola Barrita, Néstor Segovia y Graciela Aleñá.
Biró, titular del gremio de pilotos, fue uno de los más críticos y sostuvo que “las bases piden respuesta a la conducción”, al tiempo que advirtió que, si la CGT no adopta una postura más combativa, la presión sindical se incrementará. “Si empieza un plan de lucha con paros nacionales, hay una posibilidad de interpelar al Gobierno”, afirmó.
El eje central del conflicto es el artículo que reglamenta la prestación mínima de servicios durante las huelgas, que retoma criterios incluidos en el DNU 70 y el decreto 340, ambos frenados por la Justicia. La iniciativa fija que, en servicios esenciales, la cobertura no podrá ser menor al 75%, mientras que en actividades de importancia trascendental el piso será del 50%.
El proyecto considera servicios esenciales a áreas como salud, energía, telecomunicaciones, aeronáutica, servicios portuarios, comercio exterior, educación obligatoria, transporte marítimo y recolección de residuos. En tanto, define como actividades de importancia trascendental al transporte terrestre, la industria alimenticia, la minería, los servicios financieros, el comercio electrónico y las actividades vinculadas a exportaciones, entre otras.
En este contexto, el sindicalismo enfrenta una nueva fractura interna, en medio de una relación cada vez más tensa con el Gobierno, mientras la reforma laboral avanza en el Congreso y reabre el debate sobre el alcance del derecho de huelga en la Argentina.
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