En años electorales como el corriente, se acrecienta la alusión a la democracia. Siempre resulta oportuno citar que es ella practicable por la instrumentación de la república. Su concepto y estructura fundamental es herencia de la antigua Roma. En oposición a la "res privata" se encontraba la "res publica" que, como término genérico del latín, se traduce como "bien común". Hoy en día, la idea de república reviste docta especificidad, incluyendo la decisiva división de poderes, la publicidad de actos públicos, periodicidad en funciones, etc. E invariablemente, permanece el bien común como un supuesto que debe subyacer en todo el accionar de la comunidad política, en contraposición a cualquier beneficio sectorial. En la división de poderes que impone la república, además del poder ejecutivo y el judicial, se encuentra el parlamento. Tal cuerpo justifica su existencia en la presunción de que en una sociedad siempre existirán fuerzas disímiles y hasta antagónicas. En un parlamento, los representantes elegidos deben responder a la mecánica de encontrarse en proximidad física, de dialogar y debatir, de intercambiar enfoques para finalmente lograr acordar leyes. La peculiaridad que ha desorientado a la Argentina desde hace décadas, es que se llegaron a conformar otros poderes completamente exógenos al esquema institucional, además de que en muchos casos lograron subordinarlo a sus determinaciones. Este 18 de mayo, asociaciones piqueteras directamente tomaron la ciudad de Buenos Aires, con plenaria impunidad. Paralizaron la circulación vehicular, consiguiendo así colapsar las actividades. El método resulta inconfundible: imponer por la fuerza demandas respecto s prebendas, a la vez que hacen gala de una indiferencia impertérrita por cualquier "bien común".

Otro factor de poder, en consolidación incesante, ha sido el sindicalismo. De importancia incuestionable en todo el mundo por su misión de amparar derechos de trabajadores, aquí además ha operado como gran puntualizador. Este mismo 18 de mayo, la Confederación General del Trabajo emitió un comunicado con tono confrontativo respecto a lo que interpretan serían posiciones de candidatos opositores al gobierno. En el mismo, manifestó que "no está dispuesta a dialogar con quienes promuevan esas propuestas". Tras una detenida lectura del texto se interpretaría que, aunque la ciudadanía en las próximas elecciones presidenciales eligiese propuestas económicas y laborales en tal sentido, la CGT no las aprobará. Resultaría fundamental dilucidar si tal autoatribuida facultad de veto no colisiona con la idea misma de democracia, de república y con todo el esquema institucional de la Argentina. En todo caso, quien triunfe para ejercer el Poder Ejecutivo sólo podrá girar leyes al Congreso, que es quien en consecuencia se expedirá o no al respecto. Más allá del descuadre republicano, no se debería obstruir el diálogo entre sectores de la vida democrática. Hacerlo, entra en conflicto con el cimiento de la república: el bien común.