El Gobierno de Sebatián Piñera y la oposición alcanzaron un acuerdo contrarreloj sobre la fórmula para redactar una nueva Constitución que calme el estallido social que vive Chile desde casi hace un mes: habrá un plebiscito en abril del 2020 para definir si la Carta Magna debe ser modificada y en caso afirmativo cuál será el mecanismo para hacerlo.

Las alternativas son la conformación de una Asamblea Constituyente con todos sus miembros elegidos para tal fin o un sistema mixto con mitad de electos y mitad de integrantes del actual Parlamento. En cualquiera de estos dos casos, la elección sería en octubre próximo.

Esto, de acuerdo al parlamentario oficialista Francisco Chahuan, "implica un quórum de dos tercios para todas las medidas que ahí se planteen y además con un plebiscito ratificatorio".

"O sea, vamos a tener dos plebiscitos, uno de entrada y otro de salida con la posibilidad de, si es que se resuelve modificar la Constitución, con una fecha para la elección de los constituyentes", agregó Chahuán, junto con pedir que el acuerdo incluya "un firme rechazo a la violencia" y a "sacar adelante los proyectos de seguridad pública".

Diputados oficialistas y opositores estuvieron reunidos desde el miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país. Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.

El gobierno, que al inicio de la crisis se mostró muy reacio, se abrió finalmente el domingo a un proceso constituyente, pero rechaza la convocatoria de un plebiscito previo sobre los temas y una Asamblea Constituyente, la fórmula que pide la oposición y la mayoría de los manifestantes.

En un primer momento, el Gobierno de Sebastián Piñera propuso lo que llamó un “Congreso Constituyente”, es decir, que sean los actuales parlamentarios los que redacten el nuevo texto y que este sea luego ratificado en referéndum.

Pero dado el alto nivel de descrédito que tienen los diputados, la coalición gubernamental Chile Vamos -formada por cuatro partidos de centro-derecha y derecha- llevó ayer una nueva propuesta a la mesa de negociación: una “Convención Constituyente”, integrada en partes iguales por los actuales diputados y ciudadanos electos.

“Los sectores más duros de la derecha se están imponiendo con una propuesta profundamente antidemocrática. Nosotros hemos propuesto que sea la ciudadanía la que decida a través de un plebiscito el mecanismo para elaborar una nueva Constitución”, dijo presidente del opositor Partido Socialista (PS), Alvaro Elizalde, en medio de las tensas negociaciones.

La Constitución chilena se ha reformado más de 40 veces en los últimos años, pero ningún Gobierno ha conseguido cambiar su esencia neoliberal por las altos cuotas parlamentarias que se requieren. La expresidenta Michelle Bachelet intentó un fallido proceso constituyente durante su segundo mandato (2014-2018).

Las multitudinarias protestas, que se iniciaron el 18 de octubre por la subida del precio de pasaje de metro y se convirtieron luego en un clamor contra el Gobierno y el desigual modelo económico heredado de la dictadura, son en su mayoría pacíficas, aunque también se han registrado duros enfrentamientos entre manifestantes y agentes, saqueos y destrucción de mobiliario público.

La crisis ya se ha cobrado la vida de al menos 22 personas -cinco de ellos presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad- y miles de heridos y detenidos, además de denuncias de abuso policial y torturas.

Las negociaciones se dieron cuando se cumplió un año de la muerte de un joven indígena mapuche por un disparo policial, y cuando se realizaron varios actos de conmemoración en distintos puntos del país, en medio de una crisis social que continúa y obliga a redoblar esfuerzos políticos para encontrar una salida.

Camilo Catrillanca, de 24 años, murió en un operativo policial en el sur de Chile, a manos de un comando de fuerzas especiales de la Policía. Los efectivos ocultaron las grabaciones que evidenciaban que el joven fue abatido cuando, desarmado y sin mediar provocación, conducía un tractor junto a un menor de 15 años, que fue reducido y arrestado ilegalmente en el mismo acto.

En un primer momento la fuerza aseguró que la muerte de Catrillanca se produjo durante un enfrentamiento durante la persecución de los presuntos sospechosos del robo de tres vehículos particulares.

En medio de un estallido social que mantiene en vilo al país hace casi un mes, cientos de manifestantes se reunieron en la Plaza Italia de Santiago -epicentro de las protestas- para conmemorar la muerte de Catrillanca. Cuatro personas que se identificaron como familiares hicieron un rogativa mapuche, al tiempo que en el lugar se desplegó una ‘guñelve’ o estrella mapuche.

En la ciudad de Temuco, a unos 800 km al sur de Santiago y que alberga la región de la Araucanía donde se asientan gran parte de las comunidades mapuche -la mayor etnia chilena-, se registraron algunos enfrentamientos con la Policía. La familia Catrillanca conmemoró el trágico aniversario con un discreta ceremonia y un llamado a recordarlo pacíficamente.

“A la gente le decimos que puedan manifestarse con una tranquilidad, para que el espíritu de mi hijo pueda descansar en paz y que también las fuerzas policiales no se excedan”, dijo su padre, Marcelo Catrillanca, a radio Cooperativa.