Víctima de la dictadura militar, Dilma Rousseff impulsará como presidenta de Brasil un acuerdo con organismos de derechos humanos y las Fuerzas Armadas para dilucidar las muertes y desapariciones durante el régimen de facto y realizar un "mea culpa" por parte del Estado.

La presidenta fue miembro de organizaciones de resistencia armada a la dictadura, por lo que estuvo como presa política durante tres años y fue torturada durante 22 días seguidos, en 1970, según la información citada por las agencias Ansa y DPA.

Brasil nunca juzgó los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, dado que el Supremo Tribunal Federal consideró que los militares y policías acusados de torturas y desapariciones están amparados bajo la ley de amnistía de 1979, que también permitió la apertura política en el país.

Se estima que entre 130 y 160 personas están desaparecidas y que otras 400 fueron asesinadas por la dictadura.

Según los asesores de Rousseff, el mea culpa deberá superar las barreras entre los comandantes más antiguos de las Fuerzas Armadas.

Brasil fue condenado este año a revisar su ley frente a delitos como tortura en la dictadura por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los considera imprescriptibles.

Política exterior

Al tocar el tema ayer, Rousseff dijo que su Gobierno buscará reforzar los vínculos con los países de América latina y el Caribe, en especial con los del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), así como profundizar las relaciones con EEUU y la Unión Europea (UE).

"Podemos transformar nuestra región en un componente esencial del mundo multipolar que se anuncia, dando una consistencia cada vez mayor al Mercosur y a la Unasur", manifestó.

Un total de 11 presidentes acompañaron a Dilma en su asunción. Argentina fue representada por el canciller Héctor Timerman.