Al menos trece personas murieron asfixiadas en Lima al intentar escapar de un operativo policial para disolver una fiesta en una discoteca que violaba el toque de queda impuesto por las autoridades para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus, donde se detuvo a 23 personas, 15 de las cuales dieron positivo en el test de la Covid-19, informó ayer el Gobierno.

"El sábado 22 de agosto al promediar las 21 hora local (23 de Argentina), personal de la Policía Nacional fue alertado de que en el local Thomas Restobar, en Los Olivos, se realizaba una fiesta con la asistencia de 120 personas aproximadamente", comunicó el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter. "Como producto de estos hechos, perdieron la vida 13 personas que están en proceso de identificación", añadió la cartera.

La operación policial ocurrió una hora antes de que iniciara la inmovilización obligatoria dispuesta por el Gobierno para evitar la propagación de coronavirus, informó el diario local El Comercio.

Al verse sorprendidos por la Policía, los asistentes intentaron escapar por una puerta trasera que daba a la calle, pero quedaron atrapados entre la salida y una escalera colindante, lo que produjo aplastamientos, asfixias y la muerte de los afectados, informó la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, se informó que tres asistentes resultaron heridos y también tres policías, quienes trataron de auxiliar a quienes estaban atrapados.

En los playones exteriores del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) con sede en Los Olivos, se realizaron pruebas rápidas de Covid-19 a los detenidos que infringieron la ley al asistir a una discoteca en plena cuarentena.

El Ministerio Público lamentó la pérdida de vidas y condenó la "irresponsabilidad criminal de un empresario inescrupuloso" e inició una investigación inmediata a fin de identificar a los responsables de la organización de la reunión.

A partir de esa investigación, el ministro del Interior, Jorge Montoya, informó de la detención de dos propietarios de la discoteca Thomas Restobar. Indicó que se trata de una pareja y que se están haciendo las diligencias que corresponden.

Por otra parte, Montoya salió al cruce de versiones que circularon acusando a la Policía de utilizar gases lacrimógenos para dispersar a quienes asistieron a la fiesta ilegal y aseguró que "en ningún momento" se actuó generando el temor de los asistentes a la discoteca.

"Rechazo esas manifestaciones porque la PNP en ningún momento ha empleado bombas lacrimógenas ni ha empleado armas de fuego. La PNP en ningún momento ha actuado generando el temor de los participantes de esa reunión, lo que hizo el capitán fue solicitar que las mujeres salieran primero y, posteriormente, los hombres", sostuvo.

"La policía en ningún momento cerró la puerta porque la puerta se abría hacia adentro del local", agregó.

Perú es el sexto país a nivel global con más casos confirmados de coronavirus, con 585.236 infectados, según los últimos datos reportados por el Ministerio de Salud.

Asimismo, tras los 208 decesos del último día, la cifra de muertos ascendió a 27.453 fallecidos, y el país se perfila a ser la nación con mayor tasa de mortalidad durante la pandemia, un registro que duele.

• Reuniones y fiestas en la clandestinidad

Aunque la intervención policial se produjo en torno a las 21, una hora antes del inicio del toque de queda que regía hasta las 4 hora local, las reuniones familiares y sociales están prohibidas en todo el país para evitar más contagios de Covid-19. Un tema sin solución hoy porque se repiten y multiplican en todo Perú, hasta llegar ahora al saldo trágico de Lima. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, consideró que los organizadores de la fiesta y los dueños del local deben ser acusados de homicidio porque "las puertas de esas discotecas nunca debieron ser abiertas". En la misma línea se manifestó el ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien afirmó que "si bien es cierto que esos jóvenes no debían estar ahí, no exime de responsabilidad a estas organizaciones que van en contra de la ley con estas acciones con fines de lucro". "No podemos ni debemos permitir que actos de esta naturaleza sigan ocasionando perdidas humanas. Hago un llamado a la ciudadanía al cumplimiento de las normas, a cuidarse y protegerse. Nos duele perder la vida de cada uno de nuestros ciudadanos", concluyó Chávez.

• El alto costo de la desobediencia

Trece muertos y seis heridos por asfixia en la avalancha humana durante una fiesta clandestina en Perú es el saldo del episodio más trágico hasta ahora del generalizado y constante desacato a las normas de inamovilidad social dictadas por el Gobierno para evitar más contagios. Pese al reiterado pedido de las autoridades para quedarse en casa

incluso una vez levantada la cuarentena, la desobediencia a las medidas anti-Covid ha sido la tónica habitual de los peruanos incluso en el confinamiento más estricto. El sábado esa rebeldía se cobró la vida de doce mujeres y un hombre. El permanente desafío a los protocolos y prohibiciones establecidas explica en parte que Perú sea el sexto país del mundo y el segundo de Latinoamérica. No es un caso esporádico. Vecinos de la zona aseguran que ya eran

varios fines de semana que ese local organizaba multitudinarias fiestas pese a que este tipo de reuniones están prohibidas, el ocio nocturno sigue suspendido y un toque de queda rige todas las noches de 22 a 4 hora local y el domingo todo el día.

No es difícil encontrar una transgresión en Perú, desde vehículos de transporte que sobrepasan el límite de pasajeros a las aglomeraciones de aficionados en el reinicio del fútbol que obligaron a suspender nuevamente la liga peruana. Otro ejemplo son los funerales, donde solo un máximo de cinco familiares pueden asistir al sepelio, pero en cementerios de Lima hay entierros con más de 20 asistentes, como pudo comprobar Efe esta semana. Un país sin respuestas sociales para frenar su camino en esta pandemia.