El colapso de uno de los bancos más grandes del país dejó millones de cuentas bloqueadas, comprometió fondos públicos y jubilatorios y terminó en un juicio político. Peña fue destituido, detenido y este sábado declaró ante la Fiscalía.
De presidente a detenido: la cronología de la crisis que terminó con Santiago Peña
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Paraguay atravesó en menos de una semana una de las mayores crisis políticas y financieras de su historia reciente. Lo que comenzó con la caída de Ueno Bank, una entidad con alrededor de 2,9 millones de clientes y una fuerte presencia de fondos públicos, terminó con Santiago Peña destituido de la Presidencia, detenido y sometido a una investigación penal.
Pero el caso no comenzó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central suspendió las operaciones del banco. Detrás había una historia de relaciones entre Ueno y el poder político, inversiones millonarias de organismos estatales, préstamos a empresas vinculadas y sucesivas advertencias dentro del propio organismo encargado de controlar el sistema financiero.
El desenlace fue vertiginoso. En cuatro días hubo una intervención bancaria, órdenes de captura, 27 personas imputadas, manifestaciones en las calles, la ruptura del Partido Colorado, una renuncia que no fue aceptada, un juicio político y una votación unánime en el Senado para separar a Peña del cargo. Pedro Alliana asumió inmediatamente la Presidencia.
Para comprender el escándalo hay que retroceder hasta 2023, cuando Peña llegó al Gobierno. En su declaración jurada figuraban acciones en Ueno Holding por unos G. 6.144 millones, además de un certificado de depósito por G. 2.400 millones en Ueno y bonos de ITTI, otra compañía relacionada con el conglomerado empresarial. Según la documentación incorporada posteriormente a las denuncias, Peña vendió sus acciones en abril de 2025.
Otro nombre se volvió central: Carlos Carvallo. Había presidido Financiera Ueno hasta agosto de 2023 y luego fue designado por el Ejecutivo como presidente del Banco Central del Paraguay. En noviembre de ese año, ya bajo su conducción, el regulador autorizó a Ueno a operar como banco. Esa secuencia fue después utilizada por los acusadores de Peña para cuestionar posibles conflictos de intereses y la denominada “puerta giratoria” entre empresas reguladas y organismos de control.
Con el tiempo, además, grandes cantidades de recursos estatales comenzaron a quedar colocadas en Ueno. Entre ellos había fondos del Instituto de Previsión Social (IPS): alrededor de USD 355 millones estaban invertidos en la entidad cuando estalló la crisis. AP calculó que la expansión del banco estuvo sostenida por más de USD 800 millones de dinero público proveniente de diferentes organismos.
Abril de 2026: aparecen las primeras irregularidades graves. Documentos citados en las denuncias indican que el Banco Central detectó excesos en créditos de Ueno a empresas vinculadas con su propio grupo controlador. La situación continuó siendo revisada durante los meses siguientes.
Junio y julio: las advertencias llegan al interior del BCP. Informes internos señalaron operaciones con firmas relacionadas, dudas sobre la solvencia y objeciones a una operación mediante la cual Ueno transfirió una cartera de créditos por USD 74,4 millones a Vinanzas SA, una sociedad también vinculada. Técnicos cuestionaron que la propia entidad hubiera financiado indirectamente esa maniobra.
Agosto y septiembre: crecen las dudas regulatorias. Un área técnica del Banco Central calificó la operación con Vinanzas como prohibida y posteriormente se abrió un sumario. El Senado comenzó además a pedir explicaciones sobre la situación de Ueno y sus operaciones.
29 de octubre: Ueno intenta reforzar su capital. En medio de las dudas sobre su situación financiera, la entidad anunció un plan de capitalización por USD 100 millones. Apenas días después, el Banco Central determinaría que ya no cumplía con el nivel mínimo de solvencia.
2 de noviembre: el BCP toma la decisión clave. El Directorio resolvió iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras determinar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido. La medida fue comunicada oficialmente al día siguiente.
3 de noviembre: Ueno deja de operar. La aplicación, las tarjetas, cajeros y sucursales quedaron alcanzados por la medida. Cerca de 2,9 millones de clientes se encontraron con restricciones para utilizar su dinero. El Fondo de Garantía de Depósitos comenzó a ser activado para devolver parte de los ahorros.
Ese mismo día cae la primera pieza política. Carlos Carvallo renunció a la presidencia del Banco Central. Su pasado como titular de Financiera Ueno volvió a quedar en el centro de las críticas por el manejo del control sobre la entidad.
4 de noviembre: la crisis pasa de financiera a judicial. La Fiscalía imputó a 27 directivos y representantes de empresas relacionadas por presuntos hechos como lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violaciones vinculadas con los registros comerciales. Federico Miguel Vázquez, uno de los principales referentes del grupo, quedó en el centro de la investigación.
4 de noviembre: también explota la calle. Ahorristas y trabajadores se movilizaron en Asunción reclamando la devolución de sus fondos. Hubo enfrentamientos con la Policía y el Gobierno impulsó mecanismos extraordinarios para acelerar anticipos del Fondo de Garantía de Depósitos.
5 de noviembre: el Congreso avanza contra Peña. La Cámara de Diputados aprobó por 78 votos la acusación para iniciar el juicio político. El escrito incluyó cuestionamientos por los vínculos previos de Peña con Ueno, el nombramiento de Carvallo y la concentración de recursos del IPS en la entidad.
Ese mismo día, Peña presenta su renuncia. Intentó abandonar el cargo antes de que culminara el juicio político. Sin embargo, el Congreso no cerró el proceso. La continuidad del juicio tenía además una consecuencia jurídica relevante: una salida mediante destitución evitaba que Peña accediera automáticamente a la condición de senador vitalicio con las inmunidades asociadas al cargo.
El Partido Colorado le retira el respaldo. Horacio Cartes, expresidente y líder partidario que había impulsado políticamente a Peña, terminó apoyando su salida. El giro dejó al mandatario prácticamente sin respaldo parlamentario.
6 de noviembre: Peña intenta conseguir más tiempo. Solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa y cuestionó haber recibido cientos de páginas del expediente pocas horas antes. El Senado rechazó el pedido y sus abogados comparecieron en su representación.
6 de noviembre, cerca de las 19: el Senado lo destituye. Los 44 senadores presentes votaron de manera nominal y unánime para declararlo culpable por mal desempeño de sus funciones. Santiago Peña dejó oficialmente de ser presidente de Paraguay.
Minutos después asume Pedro Alliana. El hasta entonces vicepresidente juró como nuevo jefe de Estado y quedó a cargo de completar el mandato constitucional hasta agosto de 2028.
La Fiscalía ordena detener a Peña. Tras perder la inmunidad vinculada con la Presidencia, el Ministerio Público dispuso su detención dentro de la investigación por el caso Ueno. Inicialmente quedó bajo custodia en su vivienda.
En la madrugada del 7 de noviembre lo trasladan. Por los incidentes y manifestaciones frente a su casa, Peña fue llevado al Regimiento Escolta Presidencial por razones de seguridad.
Este sábado 7 de noviembre llegó a la Fiscalía. Peña fue trasladado a la sede del Ministerio Público para prestar declaración indagatoria en la causa N.º 92/2026, denominada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”. Al momento de su llegada todavía no existía una imputación formal, y la Fiscalía anticipó que podría presentar cargos durante la tarde.
El corazón del expediente es determinar si desde el poder político y los organismos reguladores se favoreció irregularmente a Ueno Bank y a empresas de su mismo conglomerado, y si recursos públicos fueron expuestos a riesgos que ya eran conocidos. La Fiscalía investiga actualmente a Peña por posibles hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio, aunque los fiscales aclararon que la causa está en una etapa inicial y que las calificaciones pueden modificarse o ampliarse a medida que avance la investigación.
Una de las cuestiones principales es qué ocurrió con los préstamos concedidos a compañías vinculadas con los propios controladores del banco. Los investigadores sostienen que la entidad excedió límites previstos para operaciones con partes relacionadas y que parte de esas exposiciones habría sido ocultada o reorganizada mediante otras sociedades del grupo. También deberá determinarse quién autorizó y bajo qué condiciones la colocación de grandes cantidades de dinero público y fondos previsionales en Ueno, especialmente cuando ya existían señales internas sobre problemas de solvencia y operaciones cuestionadas.
El vínculo no se basa únicamente en que Peña fuera presidente cuando quebró el banco. Los legisladores que impulsaron el juicio político señalaron varios elementos concretos: su antigua participación accionaria en Ueno Holding, la designación de un exdirectivo de Financiera Ueno al frente del Banco Central y las inversiones realizadas por organismos estatales durante su administración.
La acusación política sostuvo además que hubo fallas en la supervisión del banco pese a las alertas generadas durante 2026. Es importante distinguir ambos planos: el Senado ya resolvió la responsabilidad política de Peña y lo destituyó, mientras que su eventual responsabilidad penal todavía deberá ser determinada por la Justicia. Peña ha rechazado haber cometido delitos. Su defensa cuestionó también el procedimiento del juicio político y sostuvo que no tuvo tiempo suficiente para preparar sus descargos.
La caída de Ueno tuvo un impacto extraordinario porque el banco había conseguido una penetración masiva en Paraguay. Millones de personas utilizaban sus cuentas, tarjetas y aplicaciones para operaciones cotidianas. El Gobierno y el Congreso activaron el Fondo de Garantía de Depósitos para comenzar a devolver dinero a los clientes. También se aprobaron mecanismos de anticipos para acelerar los pagos mientras continúa el complejo proceso de resolución de la entidad.
La mayor incertidumbre está en los montos que exceden las garantías legales y en las inversiones de organismos públicos. Su recuperación dependerá del patrimonio que pueda rescatarse durante la liquidación y de las responsabilidades que determine la investigación.
Desde la noche del viernes, Pedro Alliana es formalmente presidente de Paraguay. Su primera jornada estuvo marcada por movimientos en el gabinete y por la necesidad de administrar las consecuencias económicas y políticas del derrumbe de Ueno Bank.
Peña, en cambio, pasó en cuestión de horas de ocupar la Presidencia a permanecer bajo custodia. Este sábado fue llevado a la Fiscalía para su declaración indagatoria y los investigadores analizaban la presentación de una imputación formal y las medidas cautelares que deberán ser posteriormente resueltas por un juez.
Así, el juicio político cerró el capítulo institucional de la crisis, pero el caso Ueno recién comienza en los tribunales. La Justicia deberá establecer qué ocurrió con los recursos del banco, cuánto dinero podrá recuperarse y si existieron responsabilidades penales de directivos, funcionarios y del expresidente.
