El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones en un juicio político. La votación fue unánime: 44 legisladores a favor, con un senador ausente.
El mandatario paraguayo fue hallado culpable de mal desempeño en un juicio político y, minutos después, la Fiscalía lo arrestó por presunta lesión de confianza. Pedro Alliana asumió la presidencia.
Santiago Peña.
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El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones en un juicio político. La votación fue unánime: 44 legisladores a favor, con un senador ausente.
La sesión se realizó durante la tarde en la Cámara alta, sin la presencia de Peña, que había sido convocado pero optó por no presentarse. Su defensa quedó en manos de los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.
Con la decisión, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente elegido democráticamente en ser destituido desde la caída de Stroessner, en 1989. El único antecedente es el de Fernando Lugo, removido en junio de 2012.
Pocos minutos después de la resolución, la Fiscalía detuvo a Peña en su domicilio de Asunción por presunta lesión de confianza y otros delitos vinculados al cierre de Ueno Bank. Fue citado a declarar a las 11 de este sábado. El organismo también ordenó el arresto del expresidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
Durante la madrugada, la Justicia dispuso trasladarlo al Regimiento Escolta Presidencial, un cuartel militar de élite, a raíz de una masiva protesta de vecinos frente a su casa.
Mientras se desarrollaba el procedimiento policial, el vicepresidente Pedro Alliana asumió el mando. “Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil”, expresó durante la ceremonia.
La destitución se produjo en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central. La entidad tenía unos 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes y, durante la gestión de Peña, había recibido importantes sumas de organismos públicos. La medida dejó a millones de usuarios sin acceso a sus ahorros y generó preocupación entre los jubilados del IPS.
Durante el proceso, los diputados denunciaron un perjuicio de unos US$1200 millones para el Estado y acusaron a Peña de mantener vínculos con el banco y de direccionar fondos públicos hacia la entidad.
Un punto central fue la situación institucional del exmandatario. El artículo 189 de la Constitución permite que los expresidentes elegidos democráticamente sean senadores vitalicios con inmunidad, salvo que hayan sido condenados en juicio político. Por eso, Peña pierde ese beneficio y puede ser procesado penalmente sin necesidad de desafuero.
Antes de la votación, Peña había anunciado su renuncia a través de un mensaje en X, que el Congreso no llegó a tratar por falta de quórum. “No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad”, sostuvo, y llamó a los paraguayos a reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.
