Las iniciativas buscaban frenar desalojos y extender los contratos de alquiler. Sánchez había advertido que el rechazo provocaría un “daño inmenso”.
Pedro Sánchez.
Foto:
El Congreso de España rechazó este viernes dos decretos impulsados por el gobierno de Pedro Sánchez para atender la crisis habitacional. Las iniciativas, que incluían medidas para limitar los desalojos y garantizar la continuidad de determinados contratos de alquiler, no consiguieron el respaldo parlamentario necesario.
Antes de la votación, Sánchez había pedido a los diputados que apoyaran las medidas y advirtió sobre las consecuencias que, según su postura, tendría su rechazo. “Si hoy decaen, el daño será inmenso”, sostuvo el presidente del Gobierno español, al referirse especialmente a los jóvenes que no pueden independizarse y a las familias afectadas por el aumento de los alquileres.
El primero de los decretos, denominado “Maricarmen”, establecía una prórroga de la suspensión de determinados desalojos hasta 2030. La iniciativa fue rechazada con 178 votos en contra.
El segundo decreto planteaba una renovación indefinida de los contratos de alquiler en determinadas circunstancias. Si el propietario rechazaba la continuidad sin una causa justificada, debía compensar al inquilino con una suma equivalente a 12 mensualidades. Esta propuesta recibió 184 votos en contra.
Tras la votación, Sánchez sostuvo que su gobierno mantendrá su política en materia habitacional. “Este gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda”, publicó en la red social X.
El presidente español defendió que las medidas buscaban frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, promover alquileres asequibles y limitar los desalojos.
El rechazo parlamentario se produjo en medio de una crisis de acceso a la vivienda en España, marcada por el incremento de los alquileres y una oferta que no alcanza a cubrir la demanda.
Según datos atribuidos al Banco de España, el país registra un déficit de unas 750.000 viviendas, una cifra que podría superar el millón en 2028. A esto se suma el aumento del costo de los alquileres, que afecta especialmente a jóvenes y familias con ingresos medios y bajos.
De acuerdo con el Consejo de la Juventud de España, el alquiler medio ronda los 1.176 euros mensuales, una cifra cercana al salario medio mensual señalado por ese organismo.
El crecimiento del turismo y las dificultades para acceder a una vivienda propia también incrementaron la presión sobre el mercado de alquiler. El escenario generó además un fuerte debate político sobre las medidas necesarias para ampliar la oferta y contener los precios.
El rechazo de los decretos volvió a exponer las dificultades del gobierno de Sánchez para conseguir respaldo parlamentario. En ese contexto, sectores de la oposición y algunos integrantes del oficialismo mencionaron la posibilidad de un adelanto electoral como una alternativa frente al escenario político, aunque no existe una convocatoria anunciada en el texto de referencia.
