El gobierno francés impulsa una severa restricción legal para frenar el impacto del uso de plataformas digitales en la salud mental de niños y adolescentes.
El gobierno de Francia puso en marcha una ofensiva legislativa para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años.
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El gobierno de Francia puso en marcha una ofensiva legislativa para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. La medida busca sentar un precedente drástico en Europa frente al creciente impacto de las plataformas digitales en el bienestar emocional, el rendimiento escolar y la seguridad de los adolescentes.
La iniciativa contempla obligar a las grandes empresas tecnológicas a implementar sistemas de verificación de edad efectivos, bajo la amenaza de severas sanciones económicas en caso de incumplimiento.
El plan gubernamental apunta a modificar el esquema de acceso digital mediante regulaciones más estrictas sobre la responsabilidad de las plataformas:
Edad mínima obligatoria: Se fija en 15 años el límite legal para la creación de perfiles y uso autónomo de redes sociales.
Consentimiento parental: Los menores de entre 13 y 15 años solo podrían ingresar si cuentan con la autorización expresa e inequívoca de sus padres o tutores legales.
Exigencia de verificación biométrica o bancaria: Las plataformas deberán validar fehacientemente la fecha de nacimiento de sus usuarios, dejando de lado los simples formularios autocompletables.
Aislamiento de contenidos de riesgo: La norma busca proteger a la infancia frente al ciberacoso, la adicción a las pantallas y la exposición a algoritmos que promueven contenido potencialmente dañino.
La decisión adoptada por el país europeo reabre una discusión mundial sobre el rol del Estado en la protección del entorno digital infantil y los límites de la regulación privada. Mientras que organizaciones de salud y educación celebraron el proyecto por considerar que protege el desarrollo de los jóvenes, algunas corporaciones tecnológicas y defensores de libertades digitales abrieron dudas sobre la viabilidad técnica y el resguardo de la privacidad de los datos biométricos utilizados para verificar las edades.
