El estado de Florida, Estados Unidos, ejecutó a James Robertson, un preso de 63 años que había asesinado a su compañero de celda con el objetivo de ser condenado a muerte. La ejecución se llevó a cabo el martes 13 de octubre mediante una inyección letal, casi 18 años después del crimen que lo llevó al corredor de la muerte.
Robertson fue declarado muerto a las 12.32, hora local, en la prisión estatal de Florida, cerca de la localidad de Starke. El hombre había reconocido su responsabilidad en el asesinato y renunciado a las instancias de apelación para evitar que se modificara la sentencia.
El crimen que cometió para ser condenado a muerte
El asesinato ocurrió en diciembre de 2008, cuando Robertson estaba alojado en la institución correccional Charlotte, al norte de Fort Myers. Allí compartía celda con Frank Hart, a quien estranguló mientras dormía utilizando varios calcetines atados entre sí.
Según los registros judiciales, el ataque no tuvo un desencadenante previo. Robertson explicó a los investigadores que había matado a su compañero porque quería recibir la pena de muerte y evitar pasar el resto de sus días en prisión.
Hart, que cumplía una condena por abuso sexual, estaba a solo ocho días de recuperar la libertad cuando fue asesinado. Su muerte truncó la posibilidad de reencontrarse con su familia después de años de encarcelamiento.
Robertson había ingresado a prisión en 1980, cuando tenía 17 años, por delitos de robo y agresión. Durante su permanencia en el sistema penitenciario acumuló nuevas condenas por hechos como fugas, agresiones y delitos relacionados con armas, lo que extendió su tiempo tras las rejas.
Después del homicidio de Hart, se declaró culpable de asesinato en primer grado y renunció a las instancias judiciales que podían revisar su condena. Un juez lo sentenció a muerte en 2012 y, pese a que el sistema judicial debía revisar obligatoriamente la pena, la sentencia fue confirmada.
La familia de la víctima recordó el impacto del crimen
La ejecución también estuvo marcada por el testimonio de Rebecca Hart, hija de la víctima, quien pidió que la historia de su padre no quedara reducida al hombre que lo asesinó.
La mujer expresó el dolor que la familia arrastra desde 2008 y recordó que, mientras el resto del mundo continúa con su vida, quienes pierden a un ser querido de manera violenta deben convivir con esa ausencia todos los días.
El caso volvió a instalar el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Organizaciones contrarias a ese castigo señalaron que el asesinato de Hart expone una contradicción: la existencia de la pena capital pudo haber incentivado el crimen, ya que Robertson buscó deliberadamente una condena que le permitiera ser ejecutado.
Florida mantiene un ritmo récord de ejecuciones
La ejecución de Robertson fue la número 17 realizada en Florida durante 2026, en un contexto de fuerte incremento de la aplicación de la pena capital. En 2025, el estado había alcanzado un récord de 19 ejecuciones en un solo año, la cifra más alta registrada allí desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976.
El gobernador republicano Ron DeSantis impulsó el uso de este castigo durante su gestión, con el argumento de hacer justicia a las familias de las víctimas que esperan durante décadas el cumplimiento de las sentencias.
Florida tenía previstas otras dos ejecuciones para las semanas siguientes: las de William Reaves, de 77 años, y Jesse Guardado, de 64. En paralelo, DeSantis retiró recientemente la orden de ejecución de William Lee Thompson, de 74 años, quien permanece en el corredor de la muerte mientras sus abogados advierten sobre su deterioro de salud y posibles problemas de demencia.
La muerte de Robertson se produjo en un momento de renovada atención sobre los métodos de ejecución en Estados Unidos, luego de que un intento de aplicación de la pena capital en Tennessee terminara con la supervivencia de la condenada Christa Pike, pese a que recibió dosis letales de un fármaco.