El juez de Garantías, Eugenio Barbera (h), se hizo eco del pedido de Agustín Idemi, abogado de los padres de una nena con discapacidad que fue "abusada" en los baños del colegio religioso Luján el 10 de mayo pasado, para que no sea sometida a una pericia psicológica, por "el perjuicio" que le está causando el proceso y la "revictimización" que implicaría (los papás se oponen a ese examen). "La investigación puede continuar con otras medidas de prueba, sin violar los derechos de la víctima, que es mujer, menor y con discapacidad", argumentó Idemi. Y el magistrado ordenó no realizar ese estudio: "No puedo permitir esa pericia, no se puede avanzar sobre la psiquis de una persona por más interés estatal que haya", dijo el magistrado.

Al escuchar esa decisión, el fiscal del caso, Eduardo Gallastegui (UFI Anivi), pidió al juez revocar su decisión (el magistrado lo rechazó) y anticipó que ahora buscará revertir esa resolución ante un tribunal de Impugnación, pues considera que la pericia a la menor "es determinante" para el esclarecimiento del caso y también para preservar "el interés superior de la niña". Reinaldo Bedini y Paola Ibáñez, defensores del alumno imputado y preso desde el 14 de junio pasado, Lucas Matías Salinas Gómez (18), adhirieron al pedido fiscal.

UNA NULIDAD

La audiencia de ayer había comenzado con un planteo del abogado de la Parte Querellante, para anular el comienzo de la pericia a la menor, porque no se le había permitido participar a la psicóloga ofrecida por la familia de la niña, que también la trata. Además, pidió sancionar y apartar a la psicóloga del Anivi que se opuso a la participación de la perito ofrecida.

Fiscalía consintió en declarar la invalidez de ese acto, porque efectivamente esa profesional no pudo estar presente, pero aclaró que el acto realizado no significó una pericia a la menor sino una entrevista "contextual" a sus padres. La Defensa pidió rechazar el planteo de la Parte Querellante porque también entendió que la pericia a la menor no existió.

Y al final el juez resolvió anular ese tramo del abordaje para que se haga con la psicóloga de parte, aunque luego decidió que la niña no sea sometida a una pericia en la que, primordialmente, se busca determinar la presencia de los indicadores de conducta (verbal y no verbal) que suelen detectarse en las víctimas de abuso sexual.

SIGUE PRESO

En el final de la audiencia, Fiscalía pidió que se prorrogue por dos meses la prisión preventiva de Salinas Gómez, quien cumple con arresto domiciliario y vigilancia electrónica desde el 11 de julio pasado por decisión del juez del Tribunal de Impugnación, Fernando Echegaray. Para Fiscalía, el joven debe seguir preso porque subsiste el riesgo de que obstaculice el caso o se dé a la fuga.

El abogado de la familia fue más duro. Adhirió al plazo de encierro preventivo pedido por Fiscalía, pero solicitó que se revierta la decisión y manden el imputado al Penal de Chimbas.

La Defensa, por el contrario, sostuvo que ya no existe ningún riesgo procesal y solicitó que Lucas Gómez sea excarcelado o que se le ponga vigilancia electrónica sin restringir su libertad, para que pueda continuar con su vida, particular, escolar y social.

El juez entendió que ya no hay peligro de que el estudiante entorpezca la investigación, pero consideró que sí puede darse a la fuga. De hecho, enumeró las situaciones que impidieron detenerlo luego de que diera la orden de captura. Y por eso decidió que continúe preso preventivamente por otros 40 días, con la modalidad que cumple hasta ahora, es decir, en su casa.

Además de la pericia a la menor que Fiscalía buscará concretar, los investigadores también esperan los resultados de otra prueba clave: un cotejo de ADN entre restos genéticos detectados en la ropa interior de la menor y los genes del sospechoso, que está complicado porque la niña lo reconoció en una rueda de personas.