Guillermo Lucas Criscuolo ya no es más prófugo en la megacausa que, desde hace 3 años y medio, investiga el robo de 4×4 para usarlas como mellizas o en el rentable negocio de las autopartes de subcontratistas mineras. Desde ayer, el supuesto líder de esa supuesta organización que involucra a otros 19 sospechosos, podrá ir al Juzgado federal que dirige Leopoldo Rago Gallo, abstenerse de declarar o dar su versión y volverse a su casa.
Según Ricardo Moine, su defensor, esa fue la decisión que tomó la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por los magistrados Raúl Madueño, Luis María Cabral y Eduardo Rafael Riggi. Esos jueces aceptaron, primero, analizar la queja planteada por Moine tras un rechazo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Y luego el recurso en el que pedía eximirlo de ser detenido, porque considerar que recién el 6 de diciembre del año pasado se lo citó a indagatoria y siempre estuvo a disposición de la justicia.
La captura de Criscuolo había sido ordenada el 9 de octubre de 2009 por la juez de Instrucción María Inés Rosselot. Y luego fue mantenida por el juez federal Rago Gallo, en cuyo juzgado quedó radicada definitivamente la causa.
Las sospechas sobre este sujeto surgieron el 12 de julio de 2009, cuando en la finca que él administraba en el departamento Ullum encontraron una retroexcavadora robada el día anterior en Lavalle Mendoza, por una banda de delincuentes armados. Y también otros vehículos con anomalías, una suerte de desarmadero clandestino con numerosas autopartes de 4×4, papeles y otras pruebas que instalaban la sospecha sobre adulteración y falsificación de documentos.
‘Vamos a esperar que la resolución llegue al juzgara conocerla en detalle, aunque mi cliente ya está en condiciones de presentarse cuando sea citado… siempre estuvo a disposición de la Justicia’, dijo ayer Moine.