El escándalo empezó a gestarse anoche, cuando este diario informó en exclusiva que habían detenido al comisario Gustavo Adolfo Padilla, quien tuvo como último destino laboral el Depósito Judicial de 9 de Julio. Lo había denunciado otro comisario a principios de septiembre. Lo acusan de usar de manera particular una camioneta Toyota Hilux, que había sido secuestrada y había quedado en el depósito donde él trabajaba.

Pero los investigadores se encontraron esta mañana con otra sorpresa: un oficio judicial firmado por el juez Pablo Flores, donde se autoriza el uso de la camioneta para ser usada por efectivos del Depósito Judicial. El problema es que solamente la Corte de Justicia tiene esa potestad.

Si el oficio es verdadero, y es lo que se investiga por estas horas, el magistrado habría incurrido en una falta. Si el oficio es trucho, entonces Padilla no solo deberá responder por el cargo de abuso de autoridad, si no que también le imputarán falsificación de documento público, un delito más grave.

Además de la camioneta, también le achacan a Padilla el uso de un Chevrolet Corsa, también hallado en su casa ayer en un allanamiento. Personal de la Dirección de Investigaciones de la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública comenzó a investigar y comprobaron que el Corsa era de una mujer a la que le habían radiado el auto por no haber cancelado una multa. La hipótesis es que Padilla averiguó el estado del vehículo, se contactó con la dueña y la convenció para que se lo vendiera, a un precio bajo.

El artículo 270 del Código Procesal Penal de San Juan, indica que “Los automotores secuestrados deberán ser puestos a disposición de la Corte de Justicia, quien podrá entregarlos en depósito al organismo pertinente para su exclusiva afectación a una función o servicios públicos específicos...”.

Es decir, si el oficio con el que Padilla argumenta que la camioneta la cedió el juez Flores al Depósito Judicial de 9 de Julio es verdadero, el juez deberá dar explicaciones.

De hecho Juan Pablo Ortega, el magistrado que investiga el caso, ya pidió esta mañana  información a su colega sobre el tema. Si el oficio es trucho, entonces Padilla no solamente habría cometido abuso de autoridad, un delito que prevé castigos de entre 1 mes a 2 años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo. Si no que se lo investigaría por falsificación de documento público, que tiene pena de prisión de tres a seis años.