Luego de que la Corte de Justicia anulara el castigo de 8 años impuesto a un supuesto abusador y golpeador, porque en las testimoniales con Cámara Gesell tomadas a tres menores y una persona con discapacidad no había asistido la Defensa para hacer valer todos los derechos del imputado, uno de los jueces de Garantías del sistema acusatorio confirmó el criterio del máximo tribunal sobre quiénes son considerados Parte en esas audiencias: Diego Manuel Sanz anuló una causa que iba a cerrarse para pasar a juicio, porque la audiencia videograbada se realizó con ayudantes de Fiscalía y la Defensa Pública, y no con quienes fueron definidos por la Corte como los protagonistas ineludibles de esos actos: el fiscal y el defensor.

Había sido la abogada María Filomena Noriega quien pidió anular la causa desde el 20 de octubre del año pasado, cuando se le tomó testimonio videograbado a una nena de 11 años, para saber si el tío de su mamá (un albañil de 46 años), había abusado de ella. El argumento de la defensora fue que ese trámite procesal se cumplió con una ayudante fiscal y no con la fiscal titular, como lo estableció la Corte.

El fiscal subrogante, Mariano Juárez Prieto (UFI Anivi), contestó en la audiencia que no compartía los fundamentos del fallo de la Corte, que aún no está firme, pero "se allanó" al planteo de la Defensa "para rescatar a la víctima" y hacer cumplir su derecho fundamental de "ser oída" y para que las "cuestiones procesales no dañen el camino a descubrir la verdad real".

Ayer, el fiscal también aseguró que no apelará la decisión tomada por el magistrado de anular todo desde la entrevista a esa menor. Y en el acto pidió también que se le autorice a tomar otra vez con psicólogos la declaración a la niña, planteo al que el juez accedió.

Desde que se conoció el fallo de la Corte, desde Fiscalía estimaron que podían caer por nulidad unas 200 causas. De hecho, previo al fallo del juez Sanz, un tribunal frustró el inicio del juicio a un imputado de abuso al anular todo desde la audiencia de Cámara Gesell, porque el sospechoso no contó con su defensor. Es más, el máximo tribunal también consideró que a esas audiencias, el imputado puede asistir.