La Policía de San Juan que actuó en la fase previa al golpe de estado militar de 1976 se encuentra bajo investigación de la Justicia Federal por la sospecha de participar de un plan sistemático de lucha contra la guerrilla, que se implementó en forma conjunta en todo el país y que se caracterizó por cometer delitos de lesa humanidad. La muestra más clara de esa presunción fue la detención de Enrique Graci Susini, el jefe de la Fuerza local durante el gobierno democrático de don Eloy Camus entre 1973 y 1976, y la de 4 uniformados retirados que cumplieron funciones en esa época. Bajo el amparo de la ley 20.840 de seguridad nacional, los efectivos policiales, principalmente en 1975, capturaron a militantes de izquierda que realizaban supuestas actividades subversivas para luego someterlos a todo tipo de torturas para obtener información de sus contactos y movimientos (ver aparte), según se desprende de las denuncias. Una mecánica que se extendería durante la dictadura bajo el mando de las Fuerzas Armadas que pasaron a controlar a todas las fuerzas de seguridad.

En ese contexto, tener libros sobre Montoneros, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) o el régimen cubano, o realizar pintadas que dejaran al descubierto el apoyo a ciertos “postulados ideológicos”, constituía una infracción a la ley de seguridad, sancionada el 28 de septiembre de 1974, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Muchos de los allanamientos y detenciones se realizaron con la orden del juez federal Mario Gerarduzzi, pero en la Central de Policía las víctimas estuvieron encapuchadas, sufrieron palizas y simulacros de fusilamiento, firmaron actas bajo amenazas y al menos dos mujeres fueron violadas, según el expediente.

La causa judicial que lleva adelante el juez Leopoldo Rago Gallo y que impulsa el fiscal subrogante Mateo Bermejo comprende, hasta el momento, los casos de 21 víctimas y se están investigando los delitos de asociación ilícita, tormentos y privación ilegítima de la libertad. Los detenidos, hasta el momento, son Graci Susini, el entonces jefe de Policía; Darvin Vianor Mejías, quien fuera comisario inspector y jefe del departamento de inteligencia D-2; Oscar Amidey, ex oficial auxiliar del D-2; Cruz Alejandro Olmos, jefe del departamento de Operaciones Policiales D-3; y Nicolás Manrique, oficial principal de Infantería, quien luego sería director del Penal de Chimbas durante los gobiernos de Juan Carlos Rojas y de Alfredo Avelín.

Los últimos cuatro ya han sido indagados por las detenciones y la custodia externa de Marcelo Nívoli y su esposa, y de Jorge Capella y su mujer, Beatriz Paris. Las dos parejas fueron apresadas el 29 de abril de 1975, en una casa del barrio Belgrano, en Rawson. De acuerdo a las constancias policiales, secuestraron material vinculado a la organización Montoneros, dinero y dos DNI falsos. Los sospechosos fueron trasladados a la Central, donde padecieron maltratos y apremios ilegales, según denunciaron. La esposa de Nívoli manifestó que sus captores, como método de tortura, solían desnudarla, mojarla con agua fría y arrastrarla por el suelo para luego violarla. Como las víctimas estuvieron encapuchadas, no pudieron señalar a nadie en particular, por lo que ahora la Justicia trata de establecer si los policías tuvieron o no algún tipo de participación o conocimiento sobre lo ocurrido. En el caso de Graci Susini, debido a su responsabilidad jerárquica, también deberá responder si avaló o sabía que se ejecutaban ese tipo de prácticas, dijeron las fuentes.