Un empleado municipal de Caucete que tiene 62 años, fue condenado por el juez Juan Bautista Bueno (Sala II, Cámara Penal) a 18 años de cárcel por los graves ataques sexuales cometidos contra su pequeña hijastra (entre los 6 y 7 años), por manosear a su hijo (entre los 4 y 5 años) y también por lesionarlos a golpes, a ellos y a su madre. Según la investigación, una vez arrojó aceite caliente y quemó a la nena. Y en otro episodio, ocurrido el 15 de marzo de 2020, golpeó a la madre y también a los niños, porque jugaban a la pelota y terminaron rompiéndole un cristal a su auto Ford Falcon.

Para la fiscal Claudia Salica, el acusado debió recibir 20 años, pues consideró probado que cometió abusos sexuales gravemente ultrajantes contra la nena, a quien violó sin llegar a desflorarla pero haciéndola sangrar, y a la que también corrompió sexualmente en sus numerosos embates.

Y aunque entendió que la madre de los niños también fue víctima de la violencia del municipal, consideró que la mujer debe ser investigada por su presunta complicidad, ya que no hizo nada a pesar de saber que sus hijos eran agredidos sexualmente. También sostuvo que la deben investigar por golpear a sus propios hijos.

Para la defensa, en el juicio sólo se acreditó que su cliente era un golpeador. Irán a la Corte de Justicia para revertir el fallo.

Para los defensores Julián Gil y Mario Morán, la prueba del juicio sólo demostró que su cliente fue autor de las lesiones contra quienes integraban su grupo familiar desde el año 2014. Y por eso pidieron que sea condenado sólo por el delito de lesiones, aunque no por los presuntos abusos sexuales.

En sus alegatos, se aferraron al informe médico sobre la inexistencia de lesiones genitales en la nena, lo que en su opinión desacredita que fuera violada. También cuestionaron las pericias psicológicas realizadas a los chicos y aseguraron que la denuncia contra el municipal fue realizada por su exsuegra (ya fallecida) por motivos económicos. Según su relato, desde que su cliente se llevó a vivir con él a esa "mujer con discapacidad que encontró en situación de calle con sus chicos y al menor le dio su apellido porque no es su hijo biológico", la abuela de los niños dejó de percibir la pensión que le daban a su hija por sus problemas de capacidad restringida.

Por esta razón, el 18 de marzo de 2020 fue denunciado por su exsuegra. Y en agosto de ese año quedó preso. La Defensa anticipó que buscará revertir el duro fallo en la Corte de Justicia.