La causa ANDIS suma pedidos de indagatoria y expone un presunto esquema de corrupción con fondos públicos por más de $75 mil millones.
La causa ANDIS investiga millonarias maniobras con fondos públicos destinados a salud.
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La causa ANDIS vuelve a sacudir al sistema de salud con un avance clave: la Justicia pidió nuevas indagatorias en una investigación por presunta corrupción que involucra a funcionarios y empresarios. El expediente ya expone un entramado que habría generado erogaciones por más de $75.478 millones del Estado.
El fiscal federal Franco Picardi solicitó indagar a Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y a más de 20 empresarios, en el marco de una causa que ya cuenta con 19 personas procesadas. La investigación apunta a un esquema articulado entre el sector público y privado.
Según la fiscalía, las maniobras se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que se habrían direccionado compras de insumos médicos de alto costo, conocidos como PACBI, favoreciendo a determinados proveedores mediante adjudicaciones irregulares.
Las actuaciones indican que el entramado incluyó a más de 30 firmas, con participación activa tanto de funcionarios como de empresarios, quienes habrían coordinado decisiones clave para asegurarse contrataciones millonarias con el Estado.
Uno de los puntos más sensibles del caso es el uso del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas. De acuerdo a la investigación, este sistema habría sido utilizado como plataforma para canalizar pagos indebidos y beneficios económicos.
Entre los insumos involucrados figuran prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos complejos y sillas de ruedas motorizadas, lo que agrava el impacto del presunto fraude, ya que se trata de recursos esenciales para sectores vulnerables.
La fiscalía sostiene que, en lugar de cumplir su función social, el programa habría sido desvirtuado para favorecer intereses privados, afectando tanto al Estado como a los beneficiarios del sistema.
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El expediente también revela prácticas como filtración de información privilegiada, manipulación de licitaciones y acuerdos entre empresas para direccionar contrataciones. Incluso, se detectó la participación de privados en decisiones internas del Estado.
Tras siete meses de trabajo, la fiscalía concluyó que la ANDIS habría funcionado como una estructura discrecional, orientada a concentrar beneficios en determinados proveedores, vulnerando principios básicos de transparencia.
Ahora, la investigación avanza sobre el circuito financiero del dinero, ante indicios de posibles maniobras de lavado de activos, con intervención de organismos especializados como la PROCELAC y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
El caso sigue creciendo y reabre el debate sobre los controles en el uso de fondos públicos, en un contexto donde la salud de los sectores más vulnerables quedó en el centro de un escándalo de gran magnitud.