Este miércoles finalmente hubo avances en Tribunales por el Caso Branka Motors. La Justicia dictaminó dos meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial para los tres propietarios de la firma, además la jueza Carolina Parra determinó embargo millonario y dictó un plazo de 12 meses de investigación.
Los hermanos, Jonathan David Marcó y Alexis Javier Marcó y su socio Facundo Agustín Benega Suvire, deberán pasar dos meses en el Penal de Chimbas para no entorpecer la investigación. El fiscal del caso, Guillermo Heredia, en representación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, había solicitado una prisión preventiva de seis meses para los acusados y una investigación penal preparatoria de 12 meses.
Los abogados querellantes, en representación de parte de los 348 denunciantes, Mario Padilla, Juan Sait, Fabiana Salinas, Filomena Noriega y Ester Iragorre, entre otros, se adherieron al planteo de la fiscalía.
Por su parte el abogado de la defensa, José Tejada, había solicitado una investigación de ocho meses, argumentado que la mayoría de las pruebas ya está en mano de la unidad fiscal y que solo faltaba recibir y analizar algunos informes, como así también le denegaron la excarcelación de los hermanos Marcó y del socio Benega.
Lo cierto es que el plazo de investigación será de un año, mientras que los tres propietarios pasarán dos meses tras las rejas y sufrirán el embargo millonario de bienes, tanto en sus cuentas bancarias como así también automóviles y motocicletas.
El caso Branka Motors en número
La magnitud del expediente es uno de los puntos centrales del proceso: se investigan 348 hechos con un perjuicio patrimonial que supera los 510 millones de pesos. Desde la Fiscalía subrayaron que el volumen de denuncias y la complejidad de la causa resultaron determinantes tanto para el avance de la investigación como para la decisión de solicitar las detenciones.
Respecto a una posible salida alternativa, Heredia confirmó que los imputados realizaron propuestas de reparación integral del daño. Sin embargo, fueron rechazadas por no reunir las condiciones necesarias para compensar adecuadamente a los damnificados. “No eran suficientes”, sintetizó el representante del Ministerio Público Fiscal.