La defensa del conductor imputado por la muerte de Brisa Gallardo cuestiona la constitucionalidad del decreto provincial que otorga prioridad a las avenidas.
Brisa Gallardo, la víctima del siniestro vial ocurrido en Avenida Ignacio de Roza y calle Catamarca.
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La causa por la muerte de Brisa Gallardo tendrá este martes una audiencia clave para definir el rumbo de una discusión jurídica que lleva 20 años sin una resolución definitiva en San Juan. A las 9.15, el juez de impugnación Maximiliano Blejman deberá intervenir en el planteo vinculado con la constitucionalidad del decreto provincial que establece la prioridad de paso para quienes circulan por una avenida.
El expediente, que investiga la muerte de la joven motociclista de 23 años en la intersección de la avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, puso en primer plano una controversia normativa que excede las circunstancias del siniestro: qué regla debe prevalecer cuando la prioridad de paso establecida por la legislación nacional entra en conflicto con una disposición provincial.
La audiencia se realizará después de que la jueza de garantías Verónica Chicón rechazara el planteo de inconstitucionalidad e inaplicabilidad presentado por la defensa de Mateo Joaquín Argüello Medawar, de 18 años, imputado por homicidio culposo.
El abogado defensor José Beltrán sostiene que el Decreto Reglamentario Provincial 250-R, dictado en 2006, contradice la Ley Nacional de Tránsito 24.449. El cuestionamiento se concentra en el artículo 41 de esa norma, que establece la prioridad de quien circula por la derecha, con las excepciones previstas legalmente.
La postura defensiva es que la provincia no puede modificar mediante un decreto una regla establecida por una ley nacional a la que San Juan adhirió a través de la Ley 528-R. Desde esa interpretación, la disposición provincial que otorga prioridad a quienes circulan por avenidas sería inaplicable por su presunta incompatibilidad con la normativa de mayor jerarquía.
El planteo adquiere relevancia por la mecánica del hecho investigado. Según los antecedentes de la causa, Gallardo circulaba en motocicleta por la avenida Ignacio de la Roza cuando el automóvil conducido por Argüello Medawar intentó atravesarla desde calle Catamarca. La determinación de cuál de las dos vías tenía prioridad es uno de los puntos centrales de la controversia.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Iván Grassi se opuso al pedido de la defensa. Argumentó que las provincias conservan facultades para regular el tránsito en sus territorios y que la propia legislación nacional contempla atribuciones de las autoridades locales para establecer exigencias particulares según las características de cada jurisdicción.
Con esos argumentos, la jueza Chicón desestimó el planteo y sostuvo la constitucionalidad del decreto provincial. Además, dispuso un plazo de un año para la investigación penal y permitió que el imputado continúe el proceso en libertad, sujeto a reglas de conducta.
La impugnación abre ahora una nueva instancia para discutir los argumentos de la defensa y la validez de la norma que regula la prioridad de paso en las avenidas sanjuaninas.
El caso Brisa Gallardo puede adquirir una dimensión que trascienda la investigación por el siniestro. En San Juan, la aplicación de la prioridad de paso en avenidas generó criterios contradictorios en el fuero civil durante las últimas dos décadas, sin que la controversia obtuviera una definición definitiva de la Corte de Justicia de San Juan, según los antecedentes del caso.
La falta de un criterio unificado mantiene abierta una discusión que tiene consecuencias concretas al determinar responsabilidades por accidentes de tránsito. La diferencia entre aplicar la prioridad de la derecha o reconocer la preferencia de quien circula por una avenida puede resultar decisiva al analizar cómo ocurrió un choque y establecer sus consecuencias jurídicas.
Por eso, la audiencia de este martes será seguida con especial atención. Una resolución sobre la impugnación podría marcar un nuevo capítulo en la discusión, aunque una definición definitiva sobre el alcance de las normas dependerá de las decisiones judiciales que se adopten en las instancias correspondientes.
La controversia también vuelve a poner sobre la mesa otra alternativa: una intervención legislativa que revise la regulación vigente y despeje las dudas sobre la prioridad de paso. Mientras tanto, la causa por la muerte de Brisa Gallardo expone una pregunta que San Juan lleva dos décadas sin resolver de manera uniforme: ¿debe prevalecer la prioridad de quien circula por la derecha o la de quien transita por una avenida?
