La acusación fiscal sobre el asesinato de Franco Jara en Albardón expuso una secuencia de hechos que comenzó con la búsqueda de droga en el barrio Lozano y terminó con el hombre muerto en un calabozo de la Comisaría 18va. Tras escuchar el relato de fiscalía y las posiciones de la querella y las defensas, la jueza Mabel Moya dispuso prisión preventiva para cinco policías por término de tres a cuatro meses y un año de investigación.
Según la reconstrucción presentada durante la audiencia por el fiscal Roberto Ginsberg, los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese, Agostina Ventimiglia y Victoria Ruiz, cuatro policías ingresaron violentamente a su vivienda sin orden judicial, lo golpearon delante de su pareja y sus hijos y después elaboraron un acta contravencional con una versión que, para la Fiscalía Delitos Especiales, nunca ocurrió.
Todo comenzó el sábado 14 de noviembre, cerca de las 22. Durante un procedimiento contravencional en Albardón, los efectivos detuvieron a un hombre al que le encontraron un envoltorio con marihuana. Cuando le preguntaron dónde lo había conseguido, señaló que se lo había comprado a un individuo de apellido Jara, en el barrio Lozano.
A partir de esa información, el grupo motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales se dirigió hasta la vivienda de Jara, ubicada en la intersección de calle Lozano y un callejón sin nombre. Allí estaba Franco junto a su pareja, su señora Dora Paz, y dos hijos menores de edad.
De acuerdo con el relato fiscal, los policías Salazar, Godoy, Recio y Zamora bajaron de sus motocicletas e ingresaron por la fuerza a la propiedad, sin contar con una orden judicial ni una justificación legal para hacerlo. Una vez adentro, comenzaron a exigir que les entregara la droga.
Jara estaba en la cocina cuando recibió una patada en el pecho. Cayó al suelo y, según la acusación, los efectivos continuaron golpeándolo con puños y patadas en distintas partes del cuerpo. Después lo arrastraron hasta la puerta de la casa para sacarlo al exterior.
En ese movimiento, dos policías y Jara cayeron por un escalón pronunciado. Sin embargo, la agresión no terminó allí. La Fiscalía sostuvo que los golpes continuaron en la calle, mientras la pareja de la víctima pedía que se detuvieran y una vecina, identificada como Barbarito, también intervenía para que dejaran de pegarle.
«No podía respirar»: la reducción en la calle
Uno de los pasajes más graves de la reconstrucción apunta a lo que sucedió cuando Jara ya estaba en el suelo. Según la acusación, el cabo Salazar le presionaba la cabeza con una rodilla mientras seguía reclamándole que entregara la droga.
Jara comenzó a advertir que se sentía mal, que le faltaba el aire y que no podía respirar. Pese a esos pedidos, la reducción continuó. En ese momento se habría sumado el oficial Cabral, quien colaboró para mantenerlo inmovilizado. La Fiscalía remarcó que Cabral era el funcionario de mayor jerarquía del grupo motorizado.
Mientras permanecía reducido, Jara le pidió a su pareja que entregara un bolso. Salazar ingresó nuevamente a la vivienda y salió con un morral rojo que, según el relato fiscal, contenía 28 envoltorios y $276.000.
En la puerta de la casa también fueron detenidos otros dos hombres que se habían acercado al lugar y que, según se indicó, eran conocidos de Jara. Los tres fueron trasladados en un vehículo policial hasta la Comisaría 18.
La acusación por el cuchillo y el acta contravencional falsa
La Fiscalía también puso el foco en lo que considera un intento de los efectivos por darle apariencia de legalidad a un procedimiento que, según su postura, había sido irregular desde el comienzo.
Para eso, señaló que el cabo Horacio y el oficial Cabral confeccionaron un acta contravencional contra Jara con una descripción falsa de lo sucedido. En el documento se consignó que el hombre estaba en la puerta de su casa cuando pasó el operativo, que hizo señas obscenas a los policías y que, al ser entrevistado, se resistió violentamente al arresto.
Pero la acusación fue más allá: el acta también indicaba que Jara había sacado un cuchillo de entre sus prendas y que había intentado atacar a los efectivos. Para la Fiscalía, esa versión fue inventada y tuvo como finalidad justificar retrospectivamente la intervención policial y la detención.
De la golpiza al fallecimiento en el calabozo
Cuando Jara llegó a la Comisaría 18, ya presentaba lesiones visibles en distintas partes del cuerpo y manifestaba que no podía respirar y que sentía fuertes dolores. Esas lesiones fueron advertidas por el personal policial de la dependencia.
Pasada la medianoche, ante su evidente deterioro físico, convocaron a una ambulancia del servicio de emergencias 107. Cerca de las 2.45 del domingo 15 de noviembre fue trasladado al Hospital Jordano, donde recibió atención médica y luego regresó a la comisaría.
La situación empeoró nuevamente alrededor de las 4.30. Otros detenidos alertaron a los policías porque Jara se había desvanecido y estaba descompensado. Una ambulancia regresó a la dependencia y la médica Lourdes Romero realizó maniobras de reanimación. A las 4.59 constató su muerte en el sector de los calabozos.
El resultado de la autopsia terminó de aportar otro elemento central a la investigación. Los dos médicos forenses que intervinieron concluyeron que Franco Jara había tenido una muerte violenta, con características de homicidio. El informe describió hemorragia sutural, congestión vascular, edema cerebral, politraumatismos y traumatismo craneoencefálico.
La reconstrucción fiscal busca establecer las responsabilidades de cada uno de los policías que participaron en el procedimiento y determinar cómo una intervención que comenzó con la búsqueda de droga terminó con la muerte de un hombre bajo custodia policial.