Iniciaron con un negocio de útiles y terminaron manejando millones bajo promesas de retornos del 20% mensual. En marco del Caso Green House, mientras el acusado Francisco Ontiveros habla de un "sueño de expansión", el fiscal Eduardo Gallastegui habló ante el juez de una estafa piramidal que dejó a decenas de familias en la quiebra.
El recorrido de los responsables Ontiveros y su esposa Brisa Ocampo de Green House (también conocida como Green House Fintech) es una historia de dos realidades opuestas que hoy se dirimen en la justicia. Según las fuentes, lo que hoy es investigado como una estafa millonaria tuvo un origen humilde en el comercio minorista de San Juan.
La versión del fiscal: Una "fachada de solvencia" para el engaño
Para el fiscal del caso, Eduardo Gallastegui, la historia se trata de solamente estafas reiteradas. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el nombre "Green House" fue solo una "maniobra de fantasía" utilizada para desplegar una fachada de solvencia y captar capitales de manera defraudatoria.
Según la investigación liderada por Gallastegui, el matrimonio captaba inversores prometiendo retornos extraordinarios de entre el 4% y 6% semanal (aproximadamente un 20% mensual), una cifra fuera de cualquier lógica de mercado. La fiscalía destaca que la empresa no contaba con CUIT ni los dispositivos legales para realizar intermediación financiera.
La captación de víctimas no era al azar, se basaba en vínculos de extrema confianza como amigos de la infancia, familiares y miembros de la comunidad religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
El matrimonio usaba redes sociales, principalmente Instagram, para mostrar una imagen de éxito.
En el presunto engaño cayeron jubilados, pero sobre todos mejores amigos y primos, que llegaron a invertir millones, ya sea en pesos, dólares o con la tasación de algun auto, camioneta o moto.
El quiebre del sistema se produjo entre septiembre y octubre de 2025 cuando la devolución del dinero se detuvo. Ante la presión de los reclamos, los acusados habrían ofrecido "planes de pago" insólitos y carentes de solvencia: desde sillas usadas hasta vehículos con los motores rotos para compensar deudas de millones de pesos.
A pesar de que el matrimonio aseguraba invertir el dinero en empresas mineras sanjuaninas, la fiscalía afirma que nunca se demostró el destino real de los fondos. Al día de hoy, el caso acumula 31 denuncias por un monto total que ronda los 138 millones de pesos, sin contar los intereses.
La justicia continúa analizando los cuatro cuerpos de expedientes de la investigación para determinar si, como sostiene Gallastegui, se trató de un esquema Ponzi diseñado para colapsar.
La versión del acusado Francisco Ontiveros: "Queríamos ayudar a las personas"
En su declaración, Francisco Ontiveros detalló que su incursión en los negocios comenzó hace tres años con un local de bazar y librería ubicado en la calle Pueyrredón. Según su relato, el éxito comercial los obligó a mudarse a un local más amplio.
Ontiveros sostiene que, motivados por un sentimiento de gratitud y el deseo de que otros mejoraran su situación económica, decidieron dar un giro a su modelo de negocio a principios de 2023. "Pedimos a las personas cierta inversión y nosotros financiamos primero nuestro negocio para hacerlo más grande y le damos una buena retribución", explicó el imputado sobre el inicio de lo que él considera un sistema de financiamiento legítimo.
La estafa que habría llegado hasta Mendoza
Incluso asegura que intentaron formalizar la actividad consultando a su contador para crear una SRL y que obtuvieron una categoría ante la AFIP (ahora ARCA) vinculada a "inversiones". En su defensa, dijo que habían abierto una oficina en San Rafael (Mendoza), pero no era parte de un plan de huida, sino el deseo de "expandirse y soñar en grande".
Por último señaló que la Fiscalía no lo sabe, pero parte de sus problemas se debieron a que llegaron a tener casi 400 clientes y su único empleado en blanco no podía pasarle a todos los informes semales de sus inversiones, por eso ofrecieron un plan mensual, pero casi nadie aceptó.
En este sentido, también dijo que el Banco Nación le bloqueó la cuenta y que no podía transferir gran parte del capital con el que contaba la financiera y por eso no pudieron hacer la devolución del dinero.