La Justicia resolvió liberar a Natalio Di Módica, aunque deberá presentarse en comisaría cada 15 días y no se puede acercar a los denunciantes ni al edificio.
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Luego de haber atravesado distintos reveses en tribunales, finalmente el empresario Natalio Di Módica recuperó la libertad, aunque bajo estrictas medidas restrictivas en el marco de la investigación por presunta extorsión a vecinos de un consorcio en Capital. La UFI Genérica es la que lleva a cabo la investigación.
Según la resolución más reciente, Di Módica quedó en libertad, pero deberá cumplir con la obligación de presentarse en una comisaría cada 15 días. Además, la Justicia le impuso una prohibición de acercamiento de 300 metros tanto hacia los denunciantes como hacia el edificio donde se originó el conflicto.
El nuevo escenario contrasta con decisiones previas. Días atrás, el juez Guillermo Adárvez había rechazado un pedido de la defensa y ordenado que el empresario continuara bajo prisión preventiva domiciliaria en su vivienda de Pocito.
En la misma línea, el juez de impugnación Renato Roca también había desestimado un recurso presentado por los abogados del imputado, ratificando la continuidad de esa medida.
La domiciliaria había sido prorrogada el 10 de febrero de 2026 a pedido del fiscal Alejandro Mattar, quien lleva adelante la investigación por una serie de delitos denunciados por vecinos de un edificio ubicado en inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza y Florentino Ameghino.
En paralelo, la fiscalía avanzó con nuevas acusaciones que complicaron la situación procesal del empresario. Entre ellas, se sumó el delito de robo, luego de que se lo señalara por retirar el portero eléctrico del edificio y desconectar cámaras de seguridad que estaban bajo disposición judicial.
Para los investigadores, estas acciones no solo implicaron la apropiación indebida de bienes comunes, sino también una desobediencia a órdenes judiciales, lo que agravó el expediente.
Además, se realizó un allanamiento en su domicilio en busca de armas de fuego que el propio imputado había mencionado poseer. Sin embargo, durante el procedimiento aseguró haberlas vendido, por lo que no se secuestraron elementos vinculados a esa denuncia.
La causa se originó a partir de denuncias de al menos 12 vecinos del consorcio, quienes acusaron a Di Módica por extorsión, amenazas, usurpación, daño y estafa.
De acuerdo con la investigación, el empresario habría exigido dinero por supuestos trabajos en el edificio y, ante la negativa de pago, recurría a presiones, amenazas e incluso conflictos judiciales.
Otro de los puntos en análisis es la presunta apropiación de espacios comunes del consorcio. Según los denunciantes, el imputado habría cerrado sectores para uso exclusivo, lo que motivó una intervención judicial. En ese contexto, el juez Adárvez ordenó liberar esos espacios y habilitó el uso de la fuerza pública si fuera necesario.