La Justicia de San Juan homologó los acuerdos de reparación integral para dos imputados de la banda de los robarruedas.
Banda de los robarruedas: dos imputados consiguieron no ir a juicio e indemnizarán a las víctimas mediante un acuerdo de reparación integral.
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Este jueves finalmente se concretó la reparación integral para dos acusados de integrar la banda de los robarruedas, luego de la fuerte controversia judicial que enfrentó al juez de garantías Diego Manuel Sanz con la fiscal Claudia Salica por la participación de las víctimas en este tipo de acuerdos.
La audiencia se realizó después de que el juez de impugnación Maximiliano Blejman rechazara el planteo de la representante del Ministerio Público Fiscal y avalara el criterio de Sanz, quien exigía que los damnificados manifestaran expresamente su conformidad ante el tribunal.
Por pedido de Sanz, las víctimas fueron notificadas para participar de la audiencia. Una de ellas compareció mediante una conexión por Zoom, mientras que la otra ratificó su decisión de no presentarse por ninguna vía a través de un acta firmada previamente con la Fiscalía.
Finalmente, el magistrado homologó los acuerdos de reparación integral para ambos imputados, Carlos Maximiliano Páez y Nelson Arturo Vivares que quedaron sujetos al cumplimiento de las condiciones establecidas.
Una de las víctimas, de apellido Araya, decidió recibir un $1.000.000 en cuatro cuotas. La otra, de apellido González, dejó manifesto que no quería recibir el dinero y pidió que se la done a una institución solidaria. Durante la audiencia, la fiscal Salica propuso que la donación se realizara al merendero Difunta Correa o a cualquier otra entidad que disponga la Oficina de Medidas Alternativas.
Una vez que se cumplan las condiciones, los imputados podrán solicitar el sobreseimiento en la causa.
La posibilidad de avanzar con las reparaciones integrales estuvo vinculada con el cambio de calificación legal de los hechos, que pasaron de robo agravado a hurto simple. Esa modificación permitió que los imputados pudieran acceder a una salida alternativa al proceso penal.
En ese contexto, uno de los más beneficiados por el acuerdo sería Carlos Maximiliano Páez, quien ya cuenta con antecedentes de una condena condicional y podría haber enfrentado consecuencias más graves si recibía una nueva pena de cumplimiento efectivo.
El pasado 17 de julio, Páez aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por lesiones graves. La sentencia estuvo vinculada con un episodio en el que, junto con sus hijos, persiguió a un remisero con quien mantenía una vieja rencilla y le disparó.
El conflicto entre Sanz y Salica se había originado cuando el juez rechazó homologar un acuerdo de reparación integral al considerar indispensable que las víctimas expresaran personalmente su conformidad ante el tribunal.
La fiscal sostuvo que el consentimiento ya había sido recabado por el Ministerio Público Fiscal y que la ley no obligaba a los damnificados a comparecer ante el magistrado para ratificarlo. Por ese motivo, recurrió la decisión.
Sin embargo, Blejman rechazó el planteo y confirmó la actuación del juez de garantías. La controversia incluso motivó pronunciamientos institucionales contrapuestos: el Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS) respaldó la postura de Salica, mientras que el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial provincial apoyó el criterio de Sanz.
Con la audiencia de este jueves, dos de los imputados consiguieron que sus acuerdos fueran homologados. La salida alternativa, no obstante, quedará supeditada al cumplimiento de las obligaciones asumidas, tras lo cual podrán pedir que se cierre definitivamente su situación procesal.
