El Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora ordenó la medida preventiva contra Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
En el marco de una de las mayores investigaciones por lavado de activos y delitos financieros de los últimos tiempos, la Justicia Federal dictó embargos multimillonarios contra los titulares de la firma Sur Finanzas. La medida recayó con máxima dureza sobre Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, a quienes se les fijó un embargo preventivo de $40.000 millones a cada uno.
La resolución fue firmada por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora, al considerar que dicha cifra "no resulta desproporcionada" frente a la responsabilidad pecuniaria eventual que enfrenta la presunta organización criminal.
Según detalla el fallo, tan solo en el tramo operativo de la billetera virtual del grupo, una certificación de origen de fondos firmada por Vallejo omitió declarar $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025. Solo el mínimo de la multa prevista por esa irregularidad alcanzará los $39.876.109.600.
El juzgado no solo apuntó a los cabecillas, sino que desplegó un abanico de embargos para el resto de los procesados y las personas jurídicas involucradas en la maniobra:
Directivos y colaboradores: Se fijaron embargos de $20.000 millones para María Fernanda Sena Argis; $10.000 millones para Gerardo Salvador Carrozza; $5.000 millones para Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo; y $4.000 millones para Sergio Gabriel Da Silveira.
Otros implicados: Montos que oscilan entre los $10 millones y los $500 millones para otros 11 imputados en la causa.
Firmas comerciales: Se trabó un embargo de $30.000 millones para Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A.; $10.000 millones para Centro de Inversiones Concordia S.R.L.; $5.000 millones para Cluster Palace Beach S.A. y Gestiones San Miguel S.A.; entre otras sociedades del entramado.
Asimismo, el tribunal ordenó el congelamiento y medidas de restricción sobre bienes con fines de decomiso, incluyendo flota de vehículos e inmuebles de alto valor.
Entre las propiedades alcanzadas se destacan una lujosa residencia en el Saint Thomas Este Country Club de Canning, un lote en el barrio privado Fincas de San Vicente, departamentos atribuidos a Graciela Vallejo y los edificios donde funcionaba la sede central de la financiera en la calle Seguí (Adrogué).
De acuerdo con la investigación judicial, la estructura criminal habría operado de forma ininterrumpida entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025.
Su objetivo principal era volcar al circuito legal fondos provenientes de actividades ilícitas previas, darles apariencia de legitimidad, evadir cargas tributarias masivas y ocultar rastros ante la AFIP, el Banco Central y la Justicia.
En la causa, el juez le atribuyó a Maximiliano Vallejo el rol de jefe u organizador de la asociación ilícita, mientras que a su madre le adjudicó una participación central en el armado societario, financiero y patrimonial que movió cifras astronómicas en el mercado paralelo.
