El empresario, dueño de un frigorífico, habría utilizado información de la empresa de su antiguo socio durante una inspección laboral.
Aciar y Santos. El empresario de la carne y su empleado, imputados por entregar datos falsos durante una inspección de la Subsecretaría de Trabajo.
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Un conflicto entre antiguos socios terminó en una investigación penal por presunta falsedad ideológica. Un empresario del rubro cárnico, Juan Pablo Aciar Arévalo, quedó imputado por haber proporcionado datos de la empresa de su exsocio durante una inspección de la Subsecretaría de Trabajo, con el objetivo de evitar que las irregularidades detectadas en su propio negocio derivaran en sanciones.
El caso salió a la luz a partir de una denuncia presentada por C.G. contra Aciar, propietario de un frigorífico. Según explicó el fiscal Adrián Riveros durante una rueda de prensa, el empresario habría entregado información falsa a un inspector laboral, quien luego incorporó esos datos en un acta oficial. También quedó imputado un empleado de Aciar, Jonathan Hernán Santos.
Lo particular de la maniobra es que los datos utilizados correspondían a otra sociedad comercial, perteneciente a C.G. Ambos empresarios habían sido socios y, posteriormente, uno le compró su participación al otro. Esa relación previa habría permitido que Aciar conociera la información de la firma que terminó involucrada en el acta.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, el episodio se produjo cuando un inspector de la Secretaría de Trabajo se presentó en el frigorífico de Aciar. En ese momento, el propietario no estaba en el establecimiento y fue un empleado quien brindó la información requerida.
La inspección estaba relacionada con obligaciones que deben cumplir los comerciantes, entre ellas exhibir el número de CUIT y contar con los libros y registros correspondientes a sus trabajadores.
Sin embargo, según la acusación, los datos que terminaron asentados en el acta no eran los del frigorífico inspeccionado, sino que correspondían a la empresa de C.G. De esa manera, las presuntas infracciones laborales quedaron vinculadas documentalmente a una sociedad que no era la que estaba siendo inspeccionada.
Riveros explicó que esa situación podía generar un perjuicio económico para la firma del denunciante, ya que quedaba expuesta al pago de multas y sanciones por supuestos incumplimientos de las normas laborales y obligaciones ante ARCA.
Por el momento, esas sanciones se encuentran sujetas a un procedimiento administrativo y se espera que se esclarezca la situación en la Justicia penal antes de avanzar con su resolución.
La Fiscalía consideró que existen elementos para sostener la probable responsabilidad penal de Araciar por la inserción de datos falsos en un documento público, conducta contemplada en el artículo 293 del Código Penal, que sanciona la falsedad ideológica.
El fiscal Adrián Riveros indicó que la investigación apunta a determinar la responsabilidad del empresario en la información que fue proporcionada y posteriormente incorporada al acta de inspección.
Tras la audiencia de formalización, el juez Gerardo Fernández Caussi estableció un plazo de cuatro meses de investigación penal preparatoria.
