La denuncia sostiene que el patrimonio del presidente de la AFA creció cerca de un 1.000% entre 2017 y 2024, cuando ocupaba cargos en el CEAMSE.
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La Justicia Federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito durante el período en que se desempeñó como funcionario del CEAMSE. La Cámara Federal resolvió este martes que el expediente debe tramitar en el fuero federal y quedó a cargo del juez Ariel Lijo.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En su presentación sostuvo que Tapia registró un incremento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024, a partir del análisis de sus declaraciones juradas como funcionario público.
Según el planteo de Tofoni, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones.
La denuncia sostiene que el salto patrimonial más importante en materia inmobiliaria se produjo en 2019, cuando el dirigente incorporó cuatro propiedades ubicadas en sectores de alto valor de mercado de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En la declaración jurada correspondiente a 2024, siempre de acuerdo con la denuncia, Tapia informó más de $1.002 millones depositados en distintas cuentas bancarias, incluyendo una cuenta corriente con más de $517 millones, además de más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro, calculados al tipo de cambio oficial.
Tofoni estimó que el total de liquidez declarado por Tapia en ese momento equivalía aproximadamente a un millón de dólares. En su declaración jurada de 2025, en cambio, el dirigente consignó que no tenía dinero en efectivo.
La presentación también puso bajo análisis los ingresos que Tapia declaró durante ese período. Según la denuncia, percibía $100.233.144 anuales como presidente del CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL.
La presidencia de la AFA, en tanto, es ejercida ad honorem.
Tapia había llegado al CEAMSE en 2014, cuando fue designado vicepresidente durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La denuncia había sido presentada inicialmente ante la Justicia porteña. Sin embargo, tanto la fiscalía como el juzgado consideraron que el CEAMSE es un organismo interjurisdiccional, por lo que entendieron que el expediente excedía la competencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso llegó así a Comodoro Py y, por sorteo, quedó en manos del juez federal Ariel Lijo. El fiscal Gerardo Pollicita había considerado que el expediente debía regresar a la Justicia porteña, pero el juez sostuvo su competencia y la disputa llegó a la Cámara Federal.
En esa instancia, el fiscal José Agüero Iturbe respaldó la competencia federal al considerar que la denuncia excede el ámbito de la Ciudad. Con esa decisión, la causa quedó definitivamente en manos de Lijo.
Hasta el momento no se realizaron medidas de prueba, justamente por la disputa entre las distintas jurisdicciones. Se trata además de la primera causa judicial centrada específicamente en el patrimonio de Tapia y su desempeño como funcionario público.
