Tras casi un año y medio de incertidumbre judicial, Carlos Luciano Molina (27) ha sido beneficiado con un sobreseimiento total y definitivo. Este término jurídico significa que el proceso penal en su contra se cierra de manera permanente, ya que la Justicia determinó que no tuvo responsabilidad en el hecho por el cual se lo investigaba. El juez de Garantías, Pablo León, dictó esta resolución tras concluir que la causa del siniestro vial fue la propia conducta de la víctima.
Más allá de la resolución penal, la nota llamativa del caso fue el accionar policial durante el inicio de la causa. Al ser fichado, el personal de la fuerza le asignó arbitrariamente a Molina el apodo de "Colapinto" en su planilla prontuarial (el documento oficial donde se registran los antecedentes y datos de una persona).
Ante esta situación, la defensora oficial Sandra Lorena Sánchez calificó el sobrenombre como "ofensivo" y solicitó formalmente su supresión. El juez León hizo lugar al pedido, ordenando que se borre ese alias de los registros oficiales del joven, quien ahora recupera su libertad de acción y su buen nombre.
El hecho ocurrió en la madrugada del 11 de noviembre de 2024, en la intersección de calles Nuche e Hipólito Irigoyen, en Capital. Molina conducía una Toyota Hilux cuando colisionó con la motocicleta de Rodolfo Fabián Lucero (52), un trabajador de delivery que falleció en el acto. Aunque inicialmente se sospechó que Molina había cruzado en rojo, las pericias accidentológicas (estudios técnicos que reconstruyen la mecánica de un accidente) demostraron lo contrario.
La investigación, liderada por el fiscal coordinador Iván Grassi, determinó que Lucero realizó una maniobra "antirreglamentaria e intempestiva" al adelantar vehículos, invadir el carril contrario y girar prematuramente hacia la izquierda. Además, la autopsia reveló que el motociclista circulaba con 1,17 g/l de alcohol en sangre, mientras que Molina dio negativo en todos los controles de sustancias.