Los hermanos Marcó y Banega Zuvire cerrarán la vía penal tras defraudar a más de 350 personas por una cifra millonaria.
La megacausa por las estafas cometidas a través de la firma Branka Motors ingresó este miércoles en su etapa definitiva en los tribunales de San Juan. En una nueva audiencia fijada ante la jueza de Garantías Carolina Parra, los tres principales implicados —identificados como Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire— optaron por evitar el juicio convencional y aceptaron someterse a un juicio abreviado.
El acuerdo, sellado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, establece una condena de cinco años de prisión efectiva para cada uno de los acusados. Así lo confirmó el abogado defensor, José Daniel Tejada, quien ratificó que el entendimiento será presentado formalmente este miércoles para dar cierre a la investigación penal preparatoria.
El escándalo judicial se originó a partir de una maniobra comercial que sedujo a cientos de compradores: la firma ofrecía vehículos y rodados a valores sumamente inferiores a los del mercado local. Sin embargo, detrás de las atractivas ofertas se escondía una operatoria defraudatoria que dejó un perjuicio económico estimado en 524 millones de pesos.
El conflicto explotó públicamente entre diciembre y enero pasado, cuando se formalizó la denuncia inicial de Guadalupe Ailén Céspedes, una clienta que había pagado 1.700.000 pesos por una motocicleta que jamás le fue entregada. Con el correr de las semanas, el volumen de afectados creció exponencialmente hasta alcanzar a 352 personas formalizadas en el expediente, una cifra a la que en esta misma jornada se sumarán otros tres damnificados.
En el devenir del proceso, más precisamente en mayo, las partes habían alcanzado un principio de acuerdo orientado a lograr una reparación integral del daño patrimonial. No obstante, aquel pacto quedó sin efecto de manera abrupta luego de que los imputados incumplieran el pago de la primera de las cinco cuotas pautadas.
A raíz de esta falta, el fiscal del caso, Guillermo Heredia, solicitó inmediatamente la baja del convenio de reparación. Como consecuencia directa de dicho incumplimiento y ante el riesgo procesal, los tres acusados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial (Penal de Chimbas), donde cumplían prisión preventiva a la espera de la resolución judicial que finalmente se cristaliza este miércoles.
Con la homologación de este juicio abreviado, la causa penal quedará formalmente cerrada en lo que respecta a la responsabilidad carcelaria de los imputados.
Sin embargo, desde el plano jurídico se advirtió que la devolución de los 524 millones de pesos defraudados no se resolverá en esta instancia. Ante esto, los damnificados que pretendan recuperar las inversiones perdidas deberán transitar un nuevo camino legal mediante demandas individuales en el fuero civil.
