Godoy, de 39 años, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió seis meses de prisión efectiva por una estafa cometida contra pacientes del Hospital Rawson. La investigación estableció que se presentaba como personal activo del nosocomio, utilizaba un ambo para generar confianza y cobraba dinero por supuestas gestiones. En uno de los hechos acreditados recibió $60.000 a cambio de órdenes médicas apócrifas. El acuerdo fue homologado por el juez de Garantías Mariano Carrera y la investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Grassi, con la intervención de los ayudantes fiscales Victoria Martín y Pablo Orellano.
Pero Godoy no es el único enfermero que terminó judicializado desde la puesta en marcha del Sistema Acusatorio. Entre los casos que tuvieron resolución pública aparece el de José Sebastián Castillo, quien trabajaba en el Hospital Federico Cantoni de Pocito y fue condenado en diciembre de 2025 a 10 meses de prisión efectiva luego de admitir en un juicio abreviado abusos sexuales contra cuatro mujeres. Además de la pena, se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer como enfermero. La acusación estuvo a cargo del fiscal de CAVIG Leonardo Arancibia.
Otro expediente que llegó a juicio fue el de Marcelo Gerardo Acosta, enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de Susana Molina, una paciente que había sufrido un ACV y tenía una traqueotomía. La Fiscalía sostuvo que el profesional no respondió adecuadamente a los pedidos de asistencia y que la falta de aspiración de las secreciones de la cánula derivó en un cuadro de hipoxia y posterior deterioro de la paciente.
Acosta fue condenado en septiembre de 2025 a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por homicidio culposo, además de cinco años de inhabilitación. En marzo de 2026, la condena fue confirmada en la instancia de impugnación. La investigación y el debate estuvieron vinculados a la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Iván Grassi.
También aparece en este recorrido José Sebastián Moll Menéndez, enfermero del Hospital General Julieta Lanteri. En agosto de 2024 aceptó mediante un juicio abreviado una condena de tres años de prisión condicional y dos años de inhabilitación para ejercer como enfermero y empleado público por abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la guarda de la víctima. La causa estuvo en manos de la fiscal Claudia Ruiz Carignano, de la UFI CAVIG.
A esta lista se suma un caso con un desenlace diferente: Jorge David Caballero Cortez, un enfermero que fue imputado por una defraudación informática contra la madre de una jueza sanjuanina. Según la investigación, se realizaron 81 operaciones no autorizadas que provocaron un perjuicio superior a $4,3 millones. Sin embargo, el expediente no terminó en una condena: el acusado devolvió la totalidad del dinero mediante una reparación integral, la víctima prestó conformidad y el juez Sergio López Martí dictó el sobreseimiento total y definitivo. La investigación estuvo a cargo del fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
De esta manera, el mapa de los casos públicos permite observar situaciones muy diferentes: desde abusos sexuales y una muerte investigada como homicidio culposo, hasta estafas cometidas aprovechando el vínculo o la apariencia de pertenecer al sistema sanitario.
En el caso de Godoy, además, la Justicia estableció que había trabajado anteriormente en el Hospital José Giordano de Albardón, donde ingresó en 2020 y fue desvinculado en 2024 por cuestiones vinculadas a su desempeño o conducta. Ese antecedente laboral fue incorporado como una de las aristas de la investigación que terminó con su condena.
