La fiscal Claudia Salica cuestionó al juez Diego Manuel Sanz por exigir la participación de las víctimas en una audiencia donde dos imputados buscaban evitar una condena mediante una reparación integral. La discusión expuso diferencias sobre las garantías procesales y el rol de los damnificados.
La causa de la denominada "banda de los robarruedas" sumó un nuevo capítulo que trasciende la situación de los acusados y pone bajo la lupa un debate de fondo en los tribunales sanjuaninos. El enfrentamiento entre la fiscal Claudia Salica y el juez de Garantías Diego Manuel Sanz dejó expuestas dos visiones opuestas sobre cómo deben aplicarse las garantías procesales cuando se intenta cerrar una causa mediante una reparación integral.
La controversia surgió durante una audiencia en la que Carlos Maximiliano Páez y Nelson Arturo Vivares intentaban resolver su situación judicial ofreciendo un pago de $1.000.000 a cada una de las víctimas. Ambos llegaron a esta instancia luego de que la investigación modificara la calificación legal original.
Inicialmente, los dos habían sido investigados por robo agravado, pero finalmente la acusación quedó encuadrada como hurto simple en un solo hecho para cada uno. Esa modificación abrió la puerta a la posibilidad de alcanzar una salida alternativa al juicio mediante un acuerdo entre las defensas, las víctimas y el Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para la homologación del acuerdo, apareció el principal obstáculo: la participación de los damnificados en la audiencia.
El juez Sanz entendió que antes de aprobar cualquier reparación integral debía garantizarse que las víctimas fueran debidamente notificadas y tuvieran la posibilidad de participar, ya sea de manera presencial o virtual. Su postura se apoyó en principios constitucionales como la igualdad de las partes, la contradicción y la inmediación, entendiendo que quienes denunciaron los hechos debían tener la oportunidad de ser escuchados.
La fiscal Salica sostuvo una visión completamente distinta. Consideró que esa exigencia no está expresamente contemplada por la normativa para este tipo de delitos contra la propiedad y cuestionó duramente la postura del magistrado. Incluso llegó a calificarla como "antojadiza e ilegal", argumentando que obligar a los damnificados a asistir a una audiencia puede terminar afectando sus propios derechos.
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, exigir la presencia de las víctimas implica sumar una carga burocrática innecesaria a un sistema que justamente busca agilizar la resolución de conflictos penales cuando existe acuerdo entre las partes involucradas.
La tensión entre ambas posiciones fue escalando durante la audiencia hasta llegar a un punto poco habitual. La fiscal solicitó la recusación de Sanz con el objetivo de apartarlo del expediente. El magistrado rechazó el planteo y sostuvo que no existían motivos legales para excusarse, remarcando que su intervención busca garantizar la transparencia y legalidad del procedimiento.
Como consecuencia de este enfrentamiento, el acuerdo quedó en suspenso y se dispuso un cuarto intermedio. Ahora la definición dependerá de cómo se resuelva la discusión procesal respecto del alcance de los derechos de las víctimas en este tipo de mecanismos alternativos de resolución.
La próxima audiencia fue fijada para el 17 de junio a las 12 horas y podría marcar un precedente sobre la forma en que se aplicarán futuras reparaciones integrales en causas penales de San Juan.
Mientras tanto, Páez y Vivares continúan en libertad, aunque vinculados al proceso judicial. Ambos buscan evitar una condena mediante el pago acordado, una posibilidad que quedó condicionada por una discusión que ya excede su situación personal y que abrió un debate jurídico dentro del sistema judicial sanjuanino.