Juan Cruz Marinelli, empleado judicial del Registro Inmobiliario de San Juan, fue enviado a juicio por presunto fraude contra la administración pública.
El empleado judicial, Juan Cruz Marinelli, trabajó en el Registro Inmobiliario hasta que cayó por presunto fraude. Luego fue trasladado a una defensoría oficial. Nunca perdió su trabajo en el Poder Judicial.
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La Justicia resolvió elevar a juicio la causa contra Juan Cruz Marinelli, empleado judicial del Registro Inmobiliario de San Juan e hijo de un funcionario reconocido en la Justicia local, acusado de realizar cobros ilegales por trámites que debían pagarse exclusivamente por medios electrónicos. La investigación lo señala por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, una figura que prevé penas de entre dos y seis años de prisión según el Código Penal.
La decisión se tomó este jueves durante la audiencia de control de acusación, encabezada por la jueza Gema Guerrero, luego de que el fiscal Francisco Nicolía informara que la investigación penal preparatoria estaba concluida. Con esa resolución, el expediente quedó listo para ser debatido en juicio.
Durante la audiencia, Marinelli —asistido por el defensor oficial César Oro— solicitó la conformación de una junta disciplinaria para analizar una posible inimputabilidad sobreviniente, al señalar que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Este concepto jurídico se aplica cuando una persona que era capaz al momento de cometer un delito pierde posteriormente la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.
El fiscal Nicolía se opuso al planteo y sostuvo que el acusado ya había sido evaluado por médicos del Poder Judicial. Según explicó, esos profesionales determinaron a fines de enero de este año que Marinelli estaba en condiciones de trabajar. El empleado había presentado en noviembre de 2025 un certificado psiquiátrico para solicitar licencia en su nuevo destino laboral, una defensoría oficial, pero cuando intentó renovarla en enero, el pedido fue rechazado tras una revisión médica. Finalmente, la jueza coincidió con la postura del fiscal y desestimó el pedido.
De acuerdo con la investigación, el acusado habría aprovechado su puesto en el Registro Inmobiliario para cobrar en efectivo trámites vinculados al denominado “Formulario Verde”, documento que permite obtener la nomenclatura catastral de un inmueble.
Ese trámite puede realizarse de dos maneras: un informe sin valor legal que cuesta 2.500 pesos y otro con valor legal por 5.000 pesos. Según explicaron los investigadores, los pagos se realizan únicamente a través de cajeros de autoconsulta del organismo, mediante tarjeta de débito o crédito, ya que la oficina no maneja dinero en efectivo.
La maniobra quedó al descubierto cuando una mujer regresó al organismo para consultar nuevamente por el trámite. Al ser atendida por otro empleado, comentó que ya había pagado 5.000 pesos en efectivo, lo que generó sospechas. El trabajador le explicó que ese pago no se realizaba en efectivo y la derivó con la directora del Registro Inmobiliario.
Tras revisar el caso, el organismo devolvió el dinero a la mujer e inició una investigación interna. Posteriormente, la denunciante radicó la presentación formal en la UFI de Delitos Especiales.
Durante un allanamiento en la oficina de Marinelli, los investigadores encontraron trece Formularios Verdes descartados en un basurero, lo que reforzó las sospechas sobre la presunta maniobra.