El Tribunal Oral Federal impuso tres años de prisión en suspenso a Romeo Saavedra, su hija y su hermano por el fraude con planes sociales.
Romeo Isidoro Saavedra cuando fue detenido en el Banco Hipotecario.
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Archivo DIARIO DE CUYO El Tribunal Oral Federal dictó sentencia en la causa por el manejo fraudulento de planes sociales y condenó al puntero político chimbero Romeo Isidoro Saavedra, a su hija Sol Araceli Saavedra y a su hermano Juan José Saavedra a tres años de prisión en suspenso por defraudación vinculada a programas nacionales, entre ellos el Progresar.
La resolución estuvo a cargo del juez Hugo Echegaray, quien resolvió que los tres acusados cumplan la pena de manera condicional debido a que ninguno registraba antecedentes penales. La decisión contrastó con el pedido del fiscal federal Fernando Alcaraz, quien había solicitado prisión efectiva para los imputados.
Además de la condena, el tribunal fijó una serie de reglas de conducta. Entre ellas, los condenados deberán mantener domicilio fijo, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar tareas comunitarias. En el caso de Juan José Saavedra, también se dispuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La investigación judicial comenzó el 20 de diciembre de 2017, cuando Romeo Saavedra fue sorprendido en un cajero automático del Banco Hipotecario realizando extracciones con 51 tarjetas pertenecientes a beneficiarios de programas sociales. En ese momento también llevaba cerca de 80 mil pesos en efectivo.
La situación generó sospechas entre las personas que estaban en el lugar, quienes dieron aviso a la Policía al advertir que utilizaba numerosas tarjetas en el mismo cajero.
Con el avance de la pesquisa, la Justicia Federal concluyó que existía una estructura familiar destinada a captar beneficiarios de planes sociales para apropiarse de parte de los fondos otorgados por el Estado nacional.
Según quedó acreditado durante el juicio, Sol Araceli Saavedra tenía la función de contactar jóvenes y ofrecerles acceso a programas como el Progresar. Luego intervenía Juan José Saavedra, empleado de la Gerencia de Empleo y Capacitación del Ministerio de Trabajo de la Nación, quien facilitaba los trámites administrativos y habilitaciones.
Por último, Romeo Saavedra era el encargado de retirar el dinero de las cuentas bancarias. De acuerdo con la causa, los acusados retenían más de la mitad de los montos que correspondían a los beneficiarios de los programas sociales.
La defensa oficial, representada por las abogadas Gema Guillén y Ana Inés López-Lima, había solicitado que cualquier condena fuera de ejecución condicional, planteo que finalmente fue aceptado por el tribunal.
En paralelo, la Justicia deberá definir en otra instancia el eventual recupero del dinero que habría sido defraudado al Estado nacional.