Tres integrantes de una misma familia reconocieron haber participado en un esquema de fraude con beneficios nacionales. La investigación se originó tras una sospechosa extracción masiva de dinero en un cajero automático de San Juan.
Romeo Isidoro Saavedra cuando fue detenido en el Banco Hipotecario.
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Archivo DIARIO DE CUYO La causa por el presunto desvío de fondos provenientes de programas sociales nacionales dio un paso clave este miércoles en la Justicia Federal de San Juan. Tres miembros de la familia Saavedra aceptaron su responsabilidad penal en el expediente que investiga maniobras con decenas de tarjetas vinculadas a beneficios estatales.
Se trata del puntero político del PJ Romeo Isidoro Saavedra, su hija Sol Araceli Saavedra y su hermano y ex funcionario nacional, Juan José Saavedra, quienes comparecieron ante el Tribunal Oral Federal y prestaron conformidad en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. Ahora, el próximo 27 de mayo se desarrollará la audiencia en la que se debatirán las penas que solicitarán las partes.
La investigación apunta a una estructura que habría operado utilizando tarjetas de programas sociales, entre ellos Progresar, para realizar extracciones de dinero y retener parte de esos fondos. Según la acusación fiscal, el mecanismo involucraba distintas funciones dentro del grupo familiar.
En el caso de Romeo Saavedra, la Fiscalía lo señaló como quien concretaba las extracciones bancarias. Sobre él pesan cargos por estafa agravada contra la administración pública y asociación ilícita, en una causa que contabiliza 51 hechos.
Por otro lado, Juan José Saavedra, quien se desempeñaba en la Gerencia de Empleo y Capacitación del Ministerio de Trabajo de la Nación, fue acusado de haber intervenido desde su rol como empleado público en la tramitación de beneficios sociales. La imputación incluye el agravante por su función estatal.
En tanto, Sol Araceli Saavedra fue señalada como la persona encargada de contactar beneficiarios y gestionar incorporaciones a los programas sociales utilizados en las maniobras investigadas.
La audiencia estuvo encabezada por el juez Hugo Echegaray. También participó la querella que representa al Ministerio de Capital Humano, mientras que la defensa de los imputados fue ejercida por la abogada Gema Guillén.
El expediente comenzó a tomar forma a fines de 2017, luego de un episodio ocurrido en un cajero automático del Banco Hipotecario que despertó sospechas entre clientes y efectivos policiales.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, Romeo Saavedra fue sorprendido mientras realizaba múltiples operaciones con una importante cantidad de tarjetas sociales. En ese momento, la Policía secuestró 51 plásticos y una suma cercana a los 80 mil pesos extraídos de distintas cuentas.
Los investigadores detectaron además un patrón llamativo: todas las tarjetas eran utilizadas con la misma clave de seguridad. A partir de allí se inició una pesquisa que derivó en acusaciones por fraude sistemático contra el Estado nacional.
La causa fue instruida originalmente por el juez federal Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado, quienes avanzaron sobre la hipótesis de una organización que captaba beneficiarios de planes para apropiarse de una parte del dinero depositado por Nación.