Un hombre de 72 años es juzgado por presunta distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. El acusado tuvo un paso por la política pocitana y registra antecedentes de violencia familiar que derivaron en una condena en el país norteamericano.
Daniel Ramón Pino podría recibir hasta seis años de cárcel.
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Un jubilado de 72 años, que años atrás se desempeñó como asesor político en Pocito y que fue condenado en Estados Unidos por un grave episodio de violencia familiar, ahora enfrenta un juicio por presunta distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. Se trata de Daniel Ramón Pino.
El juicio contra Pino comenzó esta semana, con él en libertad condicional, y ya se encuentra en etapa de definiciones. Este miércoles el fiscal Eduardo Gallastegui y su equipo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, terminaban de presentar la prueba documental. El juez Diego Manuel Sanz estableció que este jueves sean los alegatos. Desde fiscalía pedirán seis años de cárcel, en tanto, la defensa de Pino, guiada por el abogado Marcelo Montaño, buscará la absolución.
La investigación comenzó a partir de tres reportes emitidos por la organización estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), correspondientes a los años 2021, 2022 y 2025. Según la acusación, esos informes detectaron el envío de archivos con contenido de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.
Posteriormente, los reportes fueron remitidos desde la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de la Ciudad de Buenos Aires a San Juan, donde se inició la pesquisa local. Los investigadores atribuyen a Pino el uso de una cuenta de correo electrónico, una línea telefónica y direcciones IP vinculadas a la difusión de material ilícito.
De acuerdo con la acusación fiscal, en algunos de los intercambios detectados se solicitaba expresamente contenido identificado como "CP", sigla utilizada internacionalmente para referirse a pornografía infantil. Los reportes también habrían registrado el envío de al menos 11 videos.
Durante un allanamiento realizado en el domicilio del acusado, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y una computadora. En esos dispositivos encontraron más de 800 imágenes de contenido pornográfico, entre las que se detectó material que involucraría a menores de edad.
Además, un peritaje especializado determinó que varias de las víctimas que aparecen en los archivos analizados serían niños y niñas de corta edad, algunas de ellas de aproximadamente seis años.
La situación judicial de Pino ya había generado repercusión pública debido a antecedentes que trascendieron tras su detención. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el acusado tuvo participación como asesor político en el Concejo Deliberante de Pocito y mantuvo relaciones con sectores del peronismo departamental.
A ello se suma un historial de violencia familiar que, según testimonios difundidos anteriormente, derivó en una condena en Estados Unidos. De acuerdo con esos antecedentes, Pino residió durante más de una década en ese país y fue juzgado por un violento episodio que tuvo como víctima a su esposa.
Según las versiones conocidas, la agresión provocó graves lesiones a la mujer y culminó con la condena del sanjuanino en territorio estadounidense, seguida de su deportación.