El empresario acusado de abusar sexualmente de diez compañeros del colegio de su hijo fue procesado en los últimos días y sostienen que todavía no le colocaron el dispositivo de seguimiento.
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La situación judicial de Marcelo Porcel volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se difundiera un video que lo muestra en la Basílica de Luján, mientras persisten las denuncias por la demora en la colocación de la tobillera electrónica que ordenó la Justicia.
El empresario está procesado por presuntos delitos de abuso sexual, corrupción de menores y producción de material de contenido sexual vinculado a menores de edad. Días atrás, la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó su procesamiento y dispuso que fuera monitoreado mediante un dispositivo de rastreo permanente. Sin embargo, familiares y representantes de las presuntas víctimas sostienen que esa medida todavía no fue ejecutada.
El reclamo surgió después de que circulara en redes sociales una grabación en la que se observa a Porcel participando de una misa en la Basílica de Luján. Las imágenes enfocan especialmente la zona de los tobillos, aunque no permiten determinar con certeza si portaba el dispositivo electrónico ordenado por los jueces.
Según trascendió, la resolución judicial establecía la colocación inmediata de un sistema de geolocalización para controlar sus movimientos y evitar cualquier acercamiento a los denunciantes. Además, se mantuvo la prohibición de salir del país y se notificó a los organismos de control fronterizo.
Desde la representación legal de las víctimas cuestionaron la demora en la implementación de la medida y sostuvieron que el monitoreo debería haberse concretado pocos días después de la resolución de la Cámara.
Pese a la gravedad de las acusaciones, la Justicia resolvió que Porcel continúe el proceso en libertad. Los magistrados consideraron que cuenta con domicilio conocido, arraigo y no registra antecedentes de incumplimiento de las restricciones que ya tenía vigentes. No obstante, ordenaron reforzar los mecanismos de control y protección para los denunciantes.
La investigación se inició a partir de denuncias de familias que señalaron presuntos abusos cometidos entre 2022 y 2023 contra adolescentes de entre 11 y 15 años. Todos los denunciantes declararon en cámara Gesell y el expediente quedó a cargo del fiscal Pablo Turano.