Tras ocho meses de cruces entre distintos fueros, el máximo tribunal deberá resolver la competencia de varias causas que involucran a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia, tesorero y presidente de la AFA.
Foto:
La disputa judicial por las causas que investigan presuntas maniobras de defraudación y lavado de dinero vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegará finalmente a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal deberá intervenir para determinar qué juez tiene competencia sobre los expedientes, luego de ocho meses de pases entre juzgados federales, de instrucción, penal económico y de la Justicia Federal de Campana.
El conflicto tiene como protagonistas a distintos tribunales que buscan quedarse con investigaciones relacionadas con la conducción de la AFA, que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
La dirigencia de la AFA pretende que los distintos expedientes queden concentrados en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
En ese sentido, la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, resolvió recientemente que una de las investigaciones vinculadas con la entidad pase a ese juzgado.
Se trata del expediente por la quinta de Pilar, un predio de cinco hectáreas valuado en unos 25 millones de dólares que habría sido adquirido por la empresa Real Central. La sociedad aparece vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes, según la investigación, no contarían con capacidad económica para justificar la propiedad.
La Justicia allanó el lugar y encontró 45 vehículos de alta gama y colección, instalaciones de lujo, pileta, canchas, haras y otros elementos que fueron vinculados con Toviggino.
La hipótesis que se investiga es que el inmueble podría haber sido adquirido con dinero proveniente de maniobras de lavado y que Pantano y Conte habrían actuado como testaferros.
Hasta el momento, ninguno de los dos fue indagado en esa causa y tampoco Toviggino fue citado.
El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, prepara un recurso extraordinario contra la decisión de Borinsky y Barroetaveña para que intervenga la Corte Suprema.
El plazo para presentar el recurso vence el 31 de agosto. Si el máximo tribunal lo admite, podría terminar definiendo qué juzgado debe continuar con la investigación.
La discusión gira en torno a la competencia territorial. Aunque el inmueble investigado está ubicado en Pilar, Villar considera que las decisiones y operaciones que habrían desembocado en la adquisición del predio podrían haberse concretado en otra jurisdicción.
La resolución de la Corte podría tener además un impacto sobre el resto de las investigaciones vinculadas con la AFA.
La Corte ya tiene otro conflicto de competencia relacionado con una denuncia presentada por el empresario Guillermo Toffoni, quien acusó a la AFA de un presunto desvío de aproximadamente 42 millones de dólares.
La denuncia sostiene que fondos provenientes de contratos vinculados con la Selección Argentina y otros negocios internacionales no habrían ingresado al patrimonio de la AFA, sino que habrían sido canalizados mediante Tour ProdEnter LLC, una sociedad controlada por Erica Gillette y su esposo, el productor teatral Javier Faroni.
Según la investigación citada por LA NACION, la facturación total involucrada rondaría los 260 millones de dólares y existirían registros bancarios que mostrarían transferencias por al menos US$42 millones hacia cuatro sociedades creadas en Miami.
El expediente se encuentra actualmente en manos del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien debe emitir un dictamen antes de que la Corte resuelva si la causa continuará en la Justicia ordinaria porteña o pasará al fuero federal.
La Cámara del Crimen había frenado el traslado del expediente a Campana y enviado el conflicto al máximo tribunal.
Uno de los puntos centrales de la discusión es determinar dónde se habría cometido el presunto fraude.
El delito de defraudación es de competencia ordinaria y no federal, por lo que si la Corte considera que los hechos investigados ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, se reforzaría la competencia de la Justicia porteña.
En ese escenario, la investigación podría continuar en el juzgado de la jueza Paula Petazzi.
El juez de la Cámara del Crimen Ignacio Rodríguez Varela había considerado “llamativa” la pretensión de trasladar a Campana las distintas investigaciones relacionadas con una entidad cuya actividad y administración se desarrollan principalmente en la Ciudad de Buenos Aires.
A este entramado se sumó una nueva disputa. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió que otra causa vinculada con presuntas maniobras de lavado relacionadas con la AFA pase a la Justicia Federal.
El expediente quedó en manos de la jueza María Servini y también es reclamado por González Charvay, de Campana.
La denuncia de Toffoni apunta contra Tapia y Toviggino por presunto lavado de activos agravado por habitualidad y por la supuesta conformación de una banda.
De acuerdo con la denuncia, el dinero habría ingresado desde España y Estados Unidos, pasado por empresas intermediarias y llegado posteriormente a Buenos Aires a través de financieras del microcentro.
Luego, siempre según la hipótesis denunciada, el efectivo habría sido trasladado hasta un estudio jurídico porteño, donde era contado, y finalmente habría terminado en la sede central de la AFA.
Amarante concluyó que las distintas etapas del supuesto circuito de lavado se habrían desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, pero sostuvo que el delito investigado es de competencia federal. Por ese motivo, se declaró incompetente y remitió el expediente a la Justicia Federal, donde quedó a cargo de Servini.
El escenario judicial quedó así dividido entre distintos fueros y tribunales. Mientras González Charvay busca concentrar las investigaciones en Campana, otros expedientes permanecen o fueron derivados a la Justicia porteña, Penal Económica o Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, la intervención de la Corte Suprema podría resultar determinante para ordenar el mapa de competencias y establecer qué juez debe investigar cada una de las presuntas maniobras.
Además, todavía resta definir si las distintas causas vinculadas con la AFA deberán unificarse o continuar por separado. Por ahora, la investigación sobre la conducción de la entidad continúa atravesada por una disputa de competencia que lleva ocho meses sin una definición judicial definitiva.
