El vehículo oficial habría sido sustraído, sin autorización, por un empleado municipal, chofer del jefe comunal salteño Javier Wayar.
El chofer de un intendente salteño atropelló a un nene y lo mató.
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La trágica muerte de Tomás, un niño de cinco años atropellado durante la noche del domingo 5 de abril por una camioneta en la localidad de La Merced, provincia de Salta, desencadenó una serie de protestas, investigaciones judiciales y controversias políticas en torno al rol del intendente Javier Wayar. Su chofer fue quien atropelló al niño.
El incidente motivó una reacción inmediata de la comunidad de La Merced ante el silencio del jefe comunal: decenas de vecinos organizaron manifestaciones públicas, cortaron la ruta 38 y provocaron un incendio frente a la Municipalidad.
El lamentable hecho ocurrió a las 20:42 en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes. El menor, alumno de primer grado de la Escuela N° 4742 María Dolores Laurentina Aranda, falleció dos horas después en el Hospital Público Materno Infantil, a donde lo trasladaron en código rojo tras resultar gravemente herido por el impacto.
Según el parte policial e información del Ministerio Público Fiscal de Salta, el niño circulaba en bicicleta junto a su madre cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por Miguel Plaza, circulaba a alta velocidad por la zona urbana, lo embistió mientras cruzaba por la senda peatonal.
El conductor fue demorado en el lugar y permanece detenido por disposición de la Fiscalía. El caso podría derivar en una condena superior a cinco años de prisión.
La jornada posterior al accidente estuvo marcada por manifestaciones vecinales que derivaron en incidentes: quema de cubiertas, corte de ruta y enfrentamientos con fuerzas de Infantería. Estos episodios dejaron como saldo una mujer policía herida y un manifestante detenido. Además, fuentes policiales informaron sobre la posible presencia de infiltrados que habrían alimentado los disturbios, mientras el Gobierno provincial investiga la motivación y el origen político de los hechos.
En paralelo, grupos de vecinos exigieron la renuncia del intendente Wayar, intensificando el clima de conflictividad social en el municipio. Por otro lado, los restos del niño fueron inhumados ayer en el cementerio local luego de una dolorosa peregrinación y cortejo fúnebre.
Javier Wayar mostró su pesar a través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad de La Merced. “Pudo haber sido mi hijo. No existen palabras que alcancen para describir una pérdida de esta magnitud“.
Y agregó: “Como padre y como intendente, este hecho me atraviesa profundamente. A su familia les expreso mis más sinceras condolencias y todo mi acompañamiento. Me pongo a total disposición para estar cerca, asistirlos y acompañarlos en lo que necesiten en este momento tan desgarrador".
El intendente de La Merced, Javier Rafael Wayar, emitió un comunicado oficial expresando su profundo dolor y pidiendo justicia tras el fallecimiento de un niño de 5 años en Salta atropellado por su camioneta.
Con respecto a la investigación de la causa, el jefe comunal sostuvo: “He realizado la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta sin mi conocimiento. La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional", indicó.
“Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley”, aseveró. Y agregó: “Quiero solicitar, con el mayor respeto, que frente a una tragedia de esta magnitud no se utilice el dolor con fines políticos. Este es un momento que nos exige humanidad, respeto y responsabilidad. Hoy más que nunca debemos acompañar, respetar el dolor de la familia y confiar en que la verdad saldrá a la luz“, cerró su mensaje.
El acusado, un empleado municipal, fue imputado provisionalmente por homicidio culposo en el marco del artículo 84 bis del Código Penal.
Durante la audiencia de imputación manifestó ser trabajador del intendente Wayar, pero optó por no declarar, asistido por la defensa oficial. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, solicitó la detención preventiva mientras se desarrolla la investigación.
La investigación determinó. según El Tribuno, que el conductor no tenía licencia de conducir y poseía certificado de discapacidad; lo que agravó el panorama judicial del imputado.
Testimonios recabados por El Tribuno afirmaron que Plaza no descendió del rodado ni socorrió a la víctima de inmediato, lo que abre la hipótesis de una posible omisión de auxilio o abandono de persona, delitos contemplados por la legislación penal.
De acuerdo con los testimonios, el llamado al servicio de emergencias (911) no fue realizado de inmediato por el imputado, lo que refuerza la hipótesis de una actuación indiferente ante la gravedad de lo sucedido.
Inicialmente, el intendente Wayar no se presentó en la escena de la tragedia ni tomó contacto con la familia, decisión que agudizó las críticas sobre su rol institucional y sobre el vínculo con el acusado.