El penitenciario imputado por una estafa de $222 millones a sus compañeros, solicitó salir de prisión por la delicada salud de su pareja tras el parto.
Alejandro “Tati” Jofré continuará detenido.
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DIARIO DE CUYO El penitenciario acusado de protagonizar una millonaria estafa contra sus propios compañeros volvió a intentar recuperar la libertad, esta vez con un argumento personal: el reciente nacimiento de su hijo y el delicado estado de salud de su pareja. Sin embargo, la Justicia rechazó el planteo y resolvió que continúe detenido.
Se trata de Alejandro “Tati” Jofré, quien permanece imputado por una presunta defraudación que ya asciende a $222.000.000. En una audiencia de impugnación, su defensa, a cargo de la abogada Filomena Noriega, solicitó que pudiera salir de prisión para acompañar a su esposa, quien se encuentra en reposo absoluto tras un parto con complicaciones.
Pese a ese planteo, el juez Daniel Guillén desestimó el pedido y confirmó la continuidad de la prisión preventiva, entendiendo que no existen condiciones para modificar la situación procesal del acusado.
El panorama judicial de Jofré se agrava con el paso del tiempo. En una reciente audiencia encabezada por el juez Matías Parrón, el imputado fue nuevamente acusado, esta vez por un total de 51 hechos de estafa. A ese expediente se sumaron siete nuevas denuncias que representan otros $16.700.000 en perjuicio económico.
La acusación es impulsada por el fiscal Guillermo Heredia, junto a la ayudante fiscal Gabriela Blanco, quienes sostienen que el penitenciario montó un sistema fraudulento que afectó principalmente a colegas del Servicio Penitenciario.
Según la investigación, Jofré ofrecía un supuesto esquema de inversiones con altas ganancias. En un primer momento devolvía pequeñas sumas para generar confianza, pero luego dejaba de responder y el dinero desaparecía.
En la causa no solo está imputado el principal acusado. La fiscalía también apuntó contra su entorno familiar, al considerar que habrían tenido un rol clave en la maniobra.
En ese sentido, están señalados como partícipes necesarios su pareja, Gabriela del Rocío González; su hermana, Carla Luciana Jofré; y su padre, Américo Jofré. De acuerdo a los investigadores, el dinero que entregaban las víctimas terminaba depositado en cuentas bancarias a nombre de estos familiares.
Todos ellos continúan en libertad, aunque bajo investigación y con medidas patrimoniales en su contra.
Desde el inicio del proceso judicial, la Justicia ordenó la inhibición general de bienes y el embargo de cuentas y bienes registrables tanto de Jofré como de sus familiares, con algunas aclaraciones posteriores sobre cuentas sueldo.
En cuanto a la situación del principal acusado, el juez Parrón ya había dispuesto una prórroga de cuatro meses de prisión preventiva, medida que se cumple en una unidad del Servicio Penitenciario Provincial.
El caso comenzó a tomar fuerza a mediados de 2025, cuando varios penitenciarios denunciaron haber sido engañados entre julio y agosto de ese año. Según los testimonios, entregaron importantes sumas de dinero con la expectativa de obtener ganancias rápidas.
Los investigadores de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos sostienen que Jofré se aprovechó de la confianza de sus compañeros y simuló solvencia económica para sostener el esquema.
De acuerdo a las estimaciones oficiales, el dinero que habría recaudado equivale a unos 20 años de salario como penitenciario, lo que da cuenta de la magnitud de la maniobra que hoy lo mantiene tras las rejas.