El fenómeno de los “Masivo Bro”, popularizado por el influencer Matías Cardozo, instaló la idea de ganar dinero rápido. En San Juan ese discursó caló ondo.
Tres casos de "Masivo Bro", de jóvenes que se movieron en torno al discurso del influencer Matías Cardozo y terminaron con demandas judiciales.
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En redes sociales abundan los videos que prometen independencia financiera, inversiones y el sueño de “romper el sistema” sin mucho trabajo. Dentro de ese universo surgió el fenómeno conocido como “Masivo Bro”, una tendencia digital impulsada por el influencer Matías Cardozo que promueve la idea de emprender, invertir y multiplicar dinero de forma rápida. Estó caló ondo en San Juan.
La narrativa suele repetirse: jóvenes que hablan frente a la cámara sobre negocios, criptomonedas, inversiones o ventas disruptivas, con un mensaje central que apunta a romper con el trabajo tradicional y construir riqueza en poco tiempo.
Pero ese discurso —que en muchos casos funciona como motivación— también tiene su costado oscuro cuando se mezcla con inexperiencia, desconocimiento del mercado y promesas imposibles de cumplir.
En San Juan, tres causas judiciales que hoy investiga la Justicia parecen reflejar ese choque entre la promesa del dinero fácil y la realidad económica. En todos los casos hay un patrón similar: jóvenes de entre 20 y 30 años, con escasa trayectoria empresarial, que montaron estructuras de negocios que terminaron denunciadas como estafas millonarias.
Desde el Ministerio Público Fiscal dieron a entender que este discurso caló ondo en jóvenes sanjuaninos y a la vista está por los emprendimientos insolventes que se montaron en la provincia en los últimos meses.
Uno de los casos más resonantes es el de Branka Motors, una empresa que ofrecía motos a precios muy por debajo del mercado y que se promocionaba fuertemente en redes sociales.
Los propietarios —los hermanos Jonathan y Alexis Marcó junto a su socio Facundo Benega— hoy están imputados por una presunta defraudación por engaño que acumula 348 denuncias y un perjuicio estimado en 510 millones de pesos.
La jueza Carolina Parra ordenó dos meses de prisión preventiva en el Penal de Chimbas, además de la inhibición de bienes y un embargo millonario, mientras la fiscalía avanza con una investigación que tendrá un plazo de 12 meses.
Según el fiscal Guillermo Heredia, el esquema funcionaba de manera similar a un sistema Ponzi: las motos que se entregaban a algunos clientes se compraban con el dinero que ingresaba de nuevos compradores.
La oferta era tentadora. Se podía adquirir una moto de contado o en cuotas, con la promesa de recibir el vehículo al pagar la segunda cuota. Sin embargo, en muchos casos la entrega nunca ocurría. Cuando los clientes reclamaban, se ofrecía devolver el dinero recién a los 90 días, reteniendo hasta un 40% por supuestos gastos administrativos.
Para los investigadores, el local y la empresa funcionaban como una fachada que buscaba generar confianza, mientras la publicidad en redes sociales hacía el resto.
Otro expediente que avanza en tribunales es el Caso Green House Fintech, donde un matrimonio pasó de manejar un pequeño comercio de útiles escolares a captar inversiones millonarias.
Brisa Ocampo y Francisco Ontiveros están detenidos y enfrentan 31 denuncias por un monto cercano a los 138 millones de pesos.
La fiscalía sostiene que ofrecían retornos del 4% al 6% semanal, es decir, cerca de un 20% mensual, cifras completamente fuera de los parámetros financieros reales.
Según el fiscal Eduardo Gallastegui, la empresa no contaba con CUIT ni autorización para realizar intermediación financiera, y la supuesta firma “Green House Fintech” habría sido utilizada para proyectar una imagen de solvencia.
El sistema de captación tenía un componente clave: la confianza personal. Entre los inversores había amigos de la infancia, familiares y miembros de su comunidad religiosa.
Muchos entregaron millones de pesos, dólares o incluso vehículos esperando ganancias rápidas.
Cuando el sistema dejó de pagar entre septiembre y octubre de 2025, comenzaron los reclamos. Según la investigación, los acusados llegaron a ofrecer sillas usadas o vehículos con motores rotos para saldar deudas millonarias.
El tercer caso que sacude a la Justicia es el del penitenciario Alejandro “Tati” Jofré, acusado de montar un sistema de inversiones que terminó con 51 hechos denunciados y un perjuicio de 222 millones de pesos.
La causa comenzó a tomar forma a mediados de 2025 cuando varios compañeros del Servicio Penitenciario denunciaron haber entregado dinero con la promesa de obtener intereses altos en poco tiempo.
Según la investigación de la fiscalía, Jofré devolvía pequeñas sumas al principio para generar confianza, pero luego dejaba de responder.
El dinero, según los investigadores, habría sido depositado en cuentas bancarias de familiares, por lo que su pareja, su hermana y su padre quedaron imputados como partícipes necesarios de la maniobra.
Ante la aparición de nuevas denuncias, el juez Matías Parrón decidió extender la prisión preventiva por cuatro meses, mientras la causa continúa ampliándose.
Aunque los tres expedientes tienen particularidades distintas, los investigadores ven patrones similares.
Se trata de proyectos impulsados por personas jóvenes, con escasa experiencia empresarial, que se apoyaron en redes sociales, confianza personal o promesas de ganancias extraordinarias para captar clientes o inversores.
En muchos casos, los sistemas funcionaron durante un tiempo gracias al ingreso constante de dinero nuevo, hasta que finalmente colapsaron cuando ya no pudieron sostener los pagos prometidos.
El fenómeno recuerda al discurso que circula en redes bajo el concepto de los “Masivo Bro”, donde se impulsa la idea de que cualquiera puede convertirse rápidamente en empresario o inversor exitoso.
La diferencia es que, en San Juan, ese sueño de prosperidad acelerada terminó en tribunales, con decenas de denuncias, millones perdidos y jóvenes imputados que hoy enfrentan graves causas penales.