El violento episodio ocurrió en el barrio UPCN en Pocito. El hombre había amenazado a su pareja, quiso incendiar su casa y destrozó un patrullero.
El trabajador minero deberá pagar un monto millonario tras destruir un patrullero.
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Un grave caso de violencia intrafamiliar y daños a bienes públicos terminó con una condena en Pocito. Un trabajador minero fue sentenciado por violento a un año y ocho meses de prisión efectiva tras amenazar a su pareja, intentar incendiar su vivienda y provocar destrozos en un móvil policial.
El hombre se llama Guillermo Mario Morales, de 41 años, empleado de la mina Veladero.
El hecho ocurrió el pasado 1 de abril en una casa del barrio UPCN y tuvo como protagonista a Morales. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hombre regresó a su domicilio cerca de las 6 de la mañana, en estado de ebriedad, lo que derivó en una fuerte discusión con su pareja, con quien tiene tres hijos.
Lejos de calmarse, la situación se agravó horas después. Alrededor de las 8:30, Morales retomó la violencia: arrojó objetos dentro de la vivienda y amenazó a la mujer cuando intentó pedir ayuda al 911. En medio del forcejeo, le advirtió que se arrepentiría si lo denunciaba.
La víctima logró salir de la casa y alertar a la Policía, mientras el agresor se encerraba en el interior. Desde allí, lanzó una nueva amenaza: aseguró que prendería fuego la vivienda. Minutos después, los efectivos observaron humo y, con autorización de la mujer, ingresaron por la fuerza. En el interior detectaron un foco ígneo incipiente que afectaba una almohada y parte de un colchón en la habitación de uno de los hijos.
El hombre fue reducido tras resistirse al accionar policial, pero el episodio continuó dentro del patrullero. Allí, Morales golpeó y pateó el vehículo, provocando importantes daños: rompió una ventanilla, deformó una puerta trasera y arrancó la reja de protección interna.
Por estos hechos, fue imputado por amenazas coactivas, daño agravado y resistencia a la autoridad. Finalmente, en un juicio abreviado, la Justicia lo condenó a prisión efectiva y lo declaró reincidente. Además, deberá abonar $1.000.000 como reparación al Estado por los destrozos ocasionados.
La sentencia también incluyó medidas de protección para la víctima: una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros, la exclusión del hogar y la prohibición de cualquier tipo de contacto por el plazo de un año una vez que recupere la libertad.
En la causa intervinieron el fiscal coordinador Francisco Micheltorena, los ayudantes fiscales Eduardo García Tomas y Marcelo Bustos, junto al representante de Fiscalía de Estado, Agustín Idemi.