Es el fin de la novela del empleado judicial infiel. El jefe de Despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Adolfo Andrés Holeywell, renunció al cargo antes de someterse de lleno en el sumario que inició el Ministerio Público Fiscal. El hombre, que tuvo uno de los cargos más altos en el escalafón de los administrativos, supo incluso ser de confianza del difunto fiscal General, Eduardo Quattropani. Arruinó una extensa carrera en Tribunales por filtrar información sensible a una banda delictiva que traficaba ruedas de auxilio en el mercado negro.
Según confirmaron fuentes del Poder Judicial, Holeywell presentó la renuncia en Mesa de Entrada y la Corte de Justicia, junto con la Fiscalía General, aceptaron en pleno la dimisión de manera inmediata. De esa forma, evitó enfrentar el procedimiento interno que probablemente habría terminado con su destitución.
El funcionario había ingresado a los Tribunales en 2007 y con el tiempo se ganó un lugar de confianza en el Ministerio Público Fiscal. Una fuente tribunalicia lo describió como alguien con gran manejo interno: “Era quien controlaba los tiempos de las causas, conocía los allanamientos y los notificaba”. Recientemente, había obtenido el título de abogado, lo que le permitía aspirar a ascender dentro del sistema judicial.
Todo se derrumbó el 29 de agosto, cuando Holeywell admitió ante la Justicia haber filtrado información confidencial a la banda conocida como los “roba ruedas”. Reconoció su participación y fue condenado a un año de prisión en suspenso por encubrimiento agravado, debido a su rol como empleado público.
En una audiencia dirigida por la jueza de garantías Gloria Chicón, el acusado confesó haber entregado datos sobre allanamientos y órdenes de detención, lo que permitió que los delincuentes frustraran varios operativos.
El juicio abreviado fue avalado por los fiscales Adolfo Díaz y César Recio, mientras que la Fiscalía de Estado participó como querellante representada por Gabriel Sanz, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo. La defensa del exjefe de Despacho estuvo a cargo de Jorge Olivera Legleu y César Jofré.
La sentencia, de un año en suspenso, implica que Holeywell no irá a prisión, aunque la pena quedará registrada y deberá cumplir condiciones de conducta estrictas.
El caso se descubrió durante una investigación de la UFI de Delitos contra la Propiedad sobre la banda de los “roba ruedas”. En las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia apareció reiteradamente el nombre “Adolfo”, al que los sospechosos llamaban “veedor judicial”, encargado de advertirlos sobre los pasos de los fiscales.
De acuerdo al fiscal Díaz, esas filtraciones fueron determinantes para que Pablo Emmanuel Díaz, uno de los principales investigados, escapara de un allanamiento programado para el 15 de mayo de 2025. “El fracaso de la investigación se debió a la información que los sospechosos recibieron directamente de Holeywell”, sostuvo el representante del Ministerio Público.
