Imputaron a los dos trabajadores del Poder Judicial por presunto peculado y ordenaron restricciones para que no vuelvan a las áreas donde cumplían funciones.
Empleados judiciales acusados de robo.
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La causa por el robo de equipos de aire acondicionado del Poder Judicial tuvo su audiencia de formalización este lunes. Durante la misma, el Ministerio Público Fiscal imputó formalmente por peculado a los dos empleados judiciales detenidos y solicitó un plazo de ocho meses para avanzar con la investigación penal preparatoria, la que fue concedida por el juez.
El fiscal coordinador Iván Grassi sostuvo que los acusados, Juan José Gallardo y Juan Pablo Albornoz, no estaban autorizados a retirar bienes del área de Patrimonio y que tampoco existía documentación que respaldara el movimiento de los equipos.
Según explicó la Fiscalía, todos los bienes del Poder Judicial cuentan con identificación y cualquier traslado, destrucción o donación debe quedar asentado mediante recibos y registros oficiales. En ese sentido, remarcaron que “ninguno de los imputados realizó salidas de sustancias excepcionales ni tenía autorización para disponer de esos elementos”.
Por esa razón, la conducta fue encuadrada provisoriamente en el artículo 261 del Código Penal, que sanciona el peculado, delito que castiga a los funcionarios públicos que sustraen bienes cuya custodia les fue confiada por su función.
Además, la acusación sostuvo que ambos empleados tenían acceso y responsabilidad sobre los elementos almacenados en el predio judicial donde trabajaban, tanto en las áreas de Patrimonio como de Servicios Generales.
Otro de los puntos expuestos por la Fiscalía fue la utilización de una camioneta oficial como “medio comisivo” para concretar el traslado de los cuatro equipos sustraídos. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, los aires acondicionados fueron llevados al domicilio de uno de los imputados.
En relación con las medidas cautelares, el Ministerio Público pidió que los acusados: fijen domicilio y prometan someterse al proceso, se presenten una vez por mes ante la autoridad judicial o policial correspondiente y tengan prohibido acercarse o mantener contacto con personal de las áreas de Patrimonio y Servicios Generales.
Asimismo, la Fiscalía solicitó que, de manera inmediata, se comunique la situación a la Corte de Justicia para que ambos empleados no regresen a cumplir funciones en esos sectores mientras avance la investigación.
La causa tomó notoriedad pública tras la difusión de las cámaras de seguridad del edificio ubicado sobre calle General Acha, entre San Luis y 25 de Mayo, donde funcionan dependencias del Poder Judicial.
En las imágenes se observa cómo, cerca de las 6 de la mañana del viernes, una camioneta Toyota Hilux blanca ingresa al predio y luego dos trabajadores cargan varios aires acondicionados con un carrito de transporte.
Los investigadores identificaron a los involucrados como Gallardo y Albornoz, quienes posteriormente fueron detenidos. Durante los allanamientos recuperaron los cuatro equipos sustraídos, que eran usados pero todavía funcionaban y estaban destinados a reparación o reutilización dentro del sistema judicial.
Uno de los detalles que más repercusión generó fue que el vehículo utilizado tenía ploteada la frase “Vehículo recuperado del delito”, una contradicción que rápidamente se viralizó en redes sociales.
En la causa hay un tercer implicado que se entregó este domingo. Se trata de Jorge Fernando Cataldo, a quien Albornoz responsabilizó por el hecho, debido a que este le dijo que los aires acondicionados se los habían regalado y se confió en sacarlos para llevarlos a su taller y arreglar la refrigeración.
La audiencia con este tercer implicado será el martes o el miércoles, según indicaron fuentes judiciales.