El empleado judicial aseguró que trabaja hace 15 años en Tribunales, afirmó que realizaba tareas para funcionarios y sostuvo que retiró los equipos convencido de que tenían autorización de Patrimonio.
La investigación por el presunto robo de aires acondicionados del Poder Judicial sumó declaraciones explosivas de uno de los apuntados, quien en una declaración extendida por varios minutos, a tal punto que el juez le pidió que resuma, aseguró ser un empleado de extrema confianza dentro de Tribunales, mencionó vínculos laborales con jueces y funcionarios judiciales y apuntó directamente contra otro implicado como quien le habría dicho que los equipos podían retirarse.
En una extensa declaración, el trabajador, Juan Pablo Albornoz, que cumplía funciones en el área de Servicios Generales relató su trayectoria dentro del Poder Judicial y buscó despegarse de una maniobra delictiva al sostener que creyó que los aparatos habían sido entregados de manera legal por el área de Patrimonio.
“Yo he tenido 15 años en la Justicia", afirmó al inicio de su descargo, donde también remarcó que su padre trabajó durante décadas en Fiscalía y que él comenzó como ordenanza antes de desempeñarse como técnico electricista.
Durante su exposición, el hombre buscó reforzar la confianza que, según dijo, construyó durante años con magistrados y empleados judiciales. Incluso aseguró que actualmente realiza trabajos particulares para funcionarios.
El acusado explicó que actualmente cumple tareas vinculadas al mantenimiento eléctrico y manejo de grupos electrógenos en distintos edificios judiciales, lo que le permitía tener acceso frecuente a sectores internos y hasta contar con llaves de ingreso.
En ese contexto, sostuvo que todo comenzó cuando otro empleado, identificado como Jorge Fernando Cataldo (el tercer implicado), le comentó que tenía cuatro aires acondicionados que —según afirmó— habían sido entregados desde Patrimonio.
El sospechoso insistió varias veces en que dentro del Poder Judicial “sin papeles no sale nada” y que jamás hubiera imaginado que los equipos podían provenir de una maniobra irregular.
De acuerdo a su versión, los aparatos estaban apilados dentro de un sector interno y presentaban signos de deterioro, incluso algunos sin cables o con partes faltantes, por lo que entendió que eran elementos fuera de uso.
El hombre reconoció que utilizó una camioneta oficial para trasladar los equipos, aunque admitió que cometió un error al no avisarle a su superior inmediato. Según dijo, tenía autorización habitual para utilizar vehículos y acceder a distintos sectores debido a las tareas de guardia y mantenimiento que realizaba.
Volvió a apuntar contra Cataldo al asegurar que fue quien le mostró supuestos papeles vinculados a la entrega de los equipos y quien le manifestó que los aires habían sido otorgados legalmente.
Además, relató que al enterarse de que existía una investigación interna comenzó a desesperarse y decidió devolver los equipos. “Llegué a mi casa, cargué los aires y los devolví. Llevo tres días viviendo un infierno”, afirmó.
La causa continúa bajo investigación y busca determinar cómo salieron los equipos del área de Patrimonio, quién autorizó los movimientos y cuál fue la verdadera participación de cada uno de los involucrados en la maniobra.
Dos de los tres acusados, Juan Pablo Albornoz y Juan José Gallardo, quedaron este lunes imputados por el delito de peculado y tienen prohibido acercarse o mantener contacto con sus compañeros de trabajo en la repartición de la Justicia en la que estaban. Además deben someterse a la investigación por ocho meses y no entorpecerla.
El fiscal de la causa Iván Grassi pidió ante el juez Matías Parrón, que los acusados sean trasladados a otra dependencia del Poder Judicial, mientras se realiza la investigación.