Este martes se esperaba una definición trascendental en el Caso Lucía Rubiño, la joven de 16 años que murió tras un choque en el barrio Profesional de Rivadavia. La expectativa estaba puesta en si el juez a cargo aceptaría o no el pedido de sobreseimiento para Juan Pablo Echegaray, el conductor de la camioneta involucrada en el hecho. Sin embargo, la resolución deberá esperar.
Durante la audiencia, el fiscal Iván Grassi comenzó a leer los fundamentos de su solicitud para que Echegaray sea desvinculado del proceso penal. Según fuentes judiciales, Grassi alcanzó a leer cerca de un tercio del escrito que supera las 200 carillas. Esto motivó que se decretara un cuarto intermedio, que podría extenderse por una o dos jornadas más. La audiencia se reanudará mañana miércoles a las 8.
Por el momento, el hijo del juez federal no será sobreseído y su futuro judicial sigue en suspenso. Se estima que la definición recién llegará hacia el final de la semana.
El fiscal sostiene que Echegaray no fue responsable del siniestro ocurrido en la madrugada del 15 de octubre de 2023. Según los peritajes presentados por el Ministerio Público, el joven circulaba a baja velocidad y realizó una maniobra evasiva que evitó una colisión directa, mientras el otro conductor —quien sí impactó contra Lucía— circulaba por el carril contrario y a mayor velocidad.
Distinta es la postura de la querella, representada por los abogados Marcelo Fernández y Nadia Derka, quienes aseguran que Echegaray ejecutó una maniobra imprudente e invadió el carril del otro joven, generando el desenlace fatal. Además, destacan testimonios de testigos presenciales y del propio conductor que atropelló a la víctima, quienes ubican a Echegaray como partícipe de la secuencia que terminó con la muerte de la adolescente.
El juez deberá decidir entre dos caminos: hacer lugar al pedido de sobreseimiento de la Fiscalía o mantener la imputación para que el caso avance a juicio, como reclama la familia de Lucía.
En paralelo, también se investiga si Echegaray participó en supuestas pruebas ilegales de velocidad dentro del barrio, previas al siniestro, que sostiene Grassi. Por ahora, la causa sigue abierta y cargada de tensión, con un fallo que será determinante en los próximos días.